Este hallazgo, solicitado por el fiscal Eduardo Taiano, no solo valida la existencia de un vínculo previo entre ambos, sino que arroja sombras sobre la transparencia oficial al detectarse «eventos compatibles con el borrado de contenido» en los dispositivos analizados. Para la sociedad argentina, esta confirmación actúa como un frío recordatorio de que las promesas de una «nueva política» chocan de frente con las viejas prácticas de la sospecha y el ocultamiento digital.

La extracción técnica, que incluyó tanto registros físicos como lógicos, permitió recuperar conversaciones y metadatos de los teléfonos de Novelli, Manuel Terrones Godoy y Sergio Morales. El documento pericial es taxativo al señalar que las interacciones entre el mandatario y el especialista en criptomonedas se produjeron en periodos clave para la investigación judicial. Lo que antes eran meras conjeturas periodísticas sobre la cercanía entre el líder de La Libertad Avanza y el entorno de $LIBRA, hoy ha adquirido el estatus de evidencia científica incorporada a un expediente penal que mantiene en vilo a la opinión pública.

Más allá de los chats, la pericia detectó una actividad inquietante: la presencia de iconos de «papelera» y mensajes eliminados que, aunque parcialmente recuperados, sugieren un intento deliberado por borrar el rastro de ciertas conversaciones. Esta revelación impacta de lleno en el contrato de confianza con la ciudadanía, que observa con recelo cómo la cúpula del poder utiliza herramientas de mensajería para gestionar asuntos que hoy están bajo la lupa de la justicia. La sospecha de que existe información que «no debe ser vista» alimenta un clima de incertidumbre sobre el verdadero alcance de la relación entre el Estado y los negocios tecnológicos privados.

El informe también menciona la existencia de archivos de video creados en 2021, lo que ratifica que el vínculo entre el presidente ultraderechista y Novelli no fue circunstancial ni posterior a su llegada a la Casa Rosada, sino que tiene una raíz anterior de al menos dos años. La Justicia ahora debe analizar el contenido de los anexos reservados para determinar si estas comunicaciones constituyen un delito o si forman parte del acuerdo «confidencial» que el fiscal Taiano ya ha solicitado informar oficialmente a la Presidencia. Mientras tanto, la calle interpreta estos silencios y borrados como una señal de alerta sobre la ética gubernamental.

En definitiva, la confirmación de este vínculo coloca al Gobierno en una posición defensiva frente a una sociedad que demanda explicaciones claras sobre el manejo de influencias. La pericia técnica ha dejado de ser un trámite burocrático para convertirse en la pieza central de un rompecabezas donde la transparencia parece haber sido sacrificada en el altar de la privacidad selectiva. El destino de la causa $LIBRA y la imagen del propio Javier Milei dependen ahora de lo que esos mensajes recuperados, y aquellos que intentaron ser borrados, logren decir ante los tribunales de Comodoro Py.