«Se ha caído el trabajo; hay 200.000 empleos formales y 20.000 pymes menos en dos años», denunció Sola, remarcando el fracaso de la lógica flexibilizadora en el contexto actual.
El impacto en los derechos individuales
Desde la central obrera denuncian que la propuesta oficial atenta contra conquistas históricas de los trabajadores, cuestionando especialmente el nuevo esquema indemnizatorio y el sistema de «banco de horas». Sobre este último punto, Sola fue tajante al desestimar la idea de un acuerdo paritario entre las partes: «¿Qué trabajador va a poder decidir cuándo va a trabajar y cuándo no? Lo controla el empleador», afirmó, señalando que estos cambios afectan de forma directa los derechos individuales del contrato de trabajo.
Las claves del proyecto oficial
El núcleo de la reforma que busca implementar el presidente ultraderechista Javier Milei se centra en la flexibilización de las condiciones de contratación y egreso, además de una marcada limitación del derecho a huelga. Los ejes principales incluyen:
Reducción de aportes patronales: Una baja en la carga impositiva para las empresas.
Nuevo sistema indemnizatorio: Una modificación estructural que prevé una reducción en el cálculo de las compensaciones por despido.
Extensión del período de prueba: Una medida que busca facilitar la rotación de personal sin costos indemnizatorios previos.
Estrategia parlamentaria y debate postergado
Sola calificó como un «gran triunfo de los trabajadores» que el tratamiento del proyecto se haya postergado para febrero de 2026. Según el dirigente, intentar debatir una reforma de tal magnitud «entre gallos y medianoche» hubiera sido un error político grave.
La CGT ha intensificado el diálogo con gobernadores y senadores para explicar las consecuencias del proyecto, destacando que el problema de las empresas no es el costo laboral, sino la presión tributaria.
«Para abrir una pyme se te va el 40% en impuestos provinciales, nacionales y tasas; es ahí donde hay que buscar la diferencia», concluyó.