Benmaor defendió un presupuesto que consideró «balanceado» y destacó las inversiones en nuevas oficinas, equipamiento médico de vanguardia y centros especializados en audiología y oftalmología. No obstante, la presentación se vio opacada por una cruda advertencia: el impacto «muy negativo» de la falta de transferencias de la Nación, una situación que se arrastra desde hace al menos dos años.
El discurso de Milei, centrado en el ajuste fiscal, se traduce en una realidad desoladora para los sistemas provinciales. La falta de cumplimiento con el envío de fondos no solo afecta al IPS, sino que también genera una presión adicional sobre la salud pública provincial, ya que muchos pacientes con otras coberturas terminan volcándose al sistema estatal.
El 60% del gasto del IPS se destina al área previsional, una porción que requiere un flujo constante de fondos para garantizar las jubilaciones y pensiones. El desfinanciamiento por parte del gobierno nacional pone en evidencia que la prioridad de los libertarios no es el bienestar de los jubilados, sino una austeridad fiscal que castiga a los más vulnerables. Este incumplimiento no es un simple retraso administrativo, sino una decisión política que tiene consecuencias directas y perjudiciales para los misioneros.
La brecha entre el presupuesto ambicioso del IPS y la asfixia financiera impuesta desde la Nación es la prueba más clara de que el modelo de Milei, con su retórica de «no hay plata», se traduce en un abandono directo de sus responsabilidades.