El proyecto, realizado por el salteño Sergio Leavy (Unión por la Patria) y con apoyo de sus compañeros de bloque, determina un esquema de distribución del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, modificando el artículo 19 de la Ley 23.966, para asignar mayores recursos a las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ese sentido, se plantea el traspaso a las provincias del 13,54% del impuesto que corresponderían a Vialidad Nacional, y un 4,31% que debía usarse para para infraestructura hídrica. Meses atrás, el senador Guillermo Andrada (del peronismo de Convicción Federal) presentó un proyecto de características similares.
“Por cada peso no invertido en mantenimiento de rutas luego se gastan 5,5 veces más en obras de rehabilitación. La plata está, pero no aparece. Durante 2024, el monto total a transferir al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte, proveniente del Impuesto a los Combustibles, debería de haber ascendido a $ 618.964 millones de los cuales correspondería transferir a Vialidad Nacional $ 309.482 millones, pero solo se transfirió poco más de un tercio de los recursos establecidos por la normativa, $107.013 millones. ¿A dónde está yendo a parar todo ese dinero, sino es a las rutas?”, dijo Leavy en la última sesión del Senado.
Según un estudio de marzo del 2025 publicado por la Fundación Mediterránea, la inversión del Estado para la obra pública se redujo sensiblemente, de un promedio del 2,4% del PBI entre 2015 y 2024 hasta una caída al 1,3% el año pasado. El informe detalla que a nivel nacional se inyectó un 0,3% en obra pública (tras un 0,8% en el 2023); a escala provincial un 0,8% (luego de un 1,4%); y en el orden municipal un 0,2% (0,3% en el ciclo anterior).
En abril de este año, y luego de un acuerdo entre los representantes de los bloques que integran la Comisión de Obras Públicas, se concretó la aprobación de un pedido de informes a la Secretaría de Obras Públicas y a Vialidad Nacional para conocer el plan de acción del Gobierno nacional al respecto de la inversión en infraestructura estatal. Según pudo conocer este medio, el Ejecutivo no ofreció ninguna respuesta aún.
“Queremos conocer de qué manera consideran revertir esta situación de los efectos que está produciendo la caída de la obra pública y cuál es el sistema de prioridades. No podemos desconocer que el Poder Ejecutivo nacional dijo que iba a avanzar sobre algunas obras, pero tampoco nos dijo cuál era el esquema de prioridades que tenía», señaló el diputado Bernardo Herrera, titular de la Comisión de Obras Públicas, e hizo énfasis en que «cada ruta que se abandona atenta contra la conectividad del pueblo argentino y la producción porque encarece el transporte».
Por su parte, Julio Cobos (UCR), otro de los miembros de la Comisión de Obras Públicas, remarcó para Ámbito la necesidad de declarar la emergencia en el sector «para acelerar los procesos licitatorios”: “Hay rutas que son prioritarias a nivel nacional y, si vamos al caso de Mendoza, que está en estado deplorable y aumentando día tras día la probabilidad de un accidente, tenemos el camino al Paso Internacional Los Libertadores». «Vialidad Nacional está recaudando impuestos a los combustibles, pero no está cumpliendo con su función, que es la de programar la licitación de las obras nuevas, como también el mantenimiento para prevenir accidentes”.
Asimismo, Francisco Morchio (Encuentro Federal) consideró que «algo hay que hacer para mantener lo que está, y eso lo sabemos porque lo vivimos cada vez que subimos arriba de la ruta». “Entiendo que no es momento de hacer grandes obras nuevas, pero tampoco podés bajar la cortina y no mantener lo que ya está, porque eso es lo que necesitás para desarrollar las provincias», añadió.
Desde Unión por la Patria, Emiliano Estrada explicó que «lo que nos llevó a la necesidad de unir fuerzas de distintos bloques tiene que ver con el mantenimiento de las rutas y autopistas, que es lo más central y lo más urgente de la obra pública”. «Se ponen en riesgos vidas por la falta de mantenimiento de las rutas argentinas. Eso empieza a ser un problema serio, no solo por la seguridad vial, sino también por el tema de la producción”, dijo y apuntó que «en muchos lugares del interior del país, la producción sale por esas rutas que si no tienen mantenimiento, empiezan a no solo encarecer la producción, sino también a inviabilizarla en muchos casos”.