“Hay preocupación por el daño que estos hechos producen a la imagen de la institución, pero también malestar porque no se aplica la misma vara a la política”. Así resumió un oficial superior en actividad la sensación que predomina en las Fuerzas Armadas tras la suspensión preventiva de militares implicados en la venta de repuestos de aeronaves en el Ejército. Un hecho que se suma al reciente despido del jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Fernando Luis Mengo, por el uso de aviones con fines personales.
En contraste con las medidas extremas adoptadas por el ministro de Defensa, Luis Petri, por hechos que rozan la corrupción, no hubo siquiera una auditoría para investigar la polémica gestión en la obra social militar, el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (Iosfa), que en la gestión del médico mendocino Oscar Sagás –designado por el Gobierno– quintuplicó su deuda, que hoy llega a los $120.000 millones.
“Los casos de corrupción en las Fuerzas Armadas tienen un alto impacto negativo. Afectan la disciplina y el respeto por la superioridad. Es un porcentaje menor que en otros sectores del Estado, pero por la honestidad y sacrificio que se le exige al militar tienen mayor impacto, tanto interno como externo”, evaluó una fuente castrense consultada por LA NACION.
En las propias Fuerzas Armadas advierten que existen casos poco claros. Por ejemplo, una licitación del Ejército para la compra de tres helicópteros Black Hawk, firmada recientemente por uno de los militares que fueron removidos por el escándalo de la venta de repuestos de las aeronaves. “Pareciera una licitación hecha a medida, porque se daba menos de dos meses para presentar ofertas, con las fiestas en el medio”, alertó una fuente.
Observan que históricamente, ante la escasez de los presupuestos, existió lo que se conoce como “malversación para el bien de servicio”, el uso de partidas para aplicarlas a necesidades diferentes de las presupuestadas. “Eso no es para beneficio personal, pero no deja de ser delito y genera malos hábitos”, explicó la fuente.
En la Escuela de Suboficiales, por ejemplo, se cayó una licitación y la institución se quedó sin algunos insumos, como el papel higiénico. “Son más de 300 cursantes y, ante estos casos, habría que mandarlos a la casa. Pero se usaron recursos de la caja chica para comprar el papel higiénico faltante. Se actuó con flexibilidad, aunque alguno podría marcar que hubo malversación de fondos”, se sinceró un oficial.
Los militares ven con buenos ojos la decisión de separar a los sospechados, pero no así la explotación mediática de los supuestos hechos de corrupción. “En la política es habitual esa práctica, aunque después la denuncia se diluya. En las Fuerzas Armadas las denuncias públicas generan un daño institucional que cuesta mucho revertir, especialmente después de tantos años de campaña de desprestigio”, razonó una fuente castrense, en referencia a las secuelas de la dictadura militar y la derrota de Malvinas.
El escándalo del brigadier Mengo, que fue despedido al detectarse que autorizó 32 vuelos con aviones militares para trasladar a su pareja a Paraná, registró un fuerte impacto. La elección de su sucesor, el brigadier Gustavo Valverde, dejó en el camino a otros siete brigadieres más antiguos que pasaron a retiro. “Más que corrupción, a Mengo se le imputa abuso de autoridad en el ejercicio del cargo. Las horas voladas debían ser voladas como parte del adiestramiento, aunque él quiso sacar una ventaja personal. Situaciones similares, en diversas magnitudes, ocurren en muchos ámbitos del Estado”, reveló otra fuente consultada por este diario.
“Hay una falta de uniformidad de criterio y rigor. Cuando los responsables son uniformados, ante la mínima duda se los denuncia, releva y escrachan. A los políticos se los cambia de puesto,”, observó un general retirado.
Uno de los casos más polémicos es el manejo del Iosfa, la obra social del personal militar, que desde 2013 es conducida por autoridades políticas. Al cabo de un año de manejos irregulares, Sagás fue reemplazado por el contador Roberto Fiochi, también mendocino –como el ministro Petri–. En ámbitos castrenses cuestionan que más de 25 funcionarios aún siguen con sueldos superiores a $4 millones y varios de ellos, que son de Mendoza, viajan los fines de semana en avión a su provincia, a lo que suman el cobro de un plus por desarraigo.
Con 650.000 afiliados, Iosfa es la tercera obra social del país, detrás del PAMI y el IOMA. En medio de un conflicto con el directorio de la institución y fuertes acusaciones, Sagás renunció en momentos en que la Comisión de Defensa de la Cámara de Diputados estaba a punto de citarlo para pedirle explicaciones por su gestión.
Sin tantas dificultades, la gestión del Instituto de Ayuda Financiera (IAF), que se dedica al pago de retiros y pensiones al personal militar, también es conducida por autoridades políticas, lo que despierta fricciones. Fuentes militares advierten que la entidad ofrece préstamos hipotecarios a más de 20.000 afiliados, con condiciones tan leoninas como los créditos UVA, que en algunos casos comprometen más del 35% del sueldo. “Hay familias que deben el doble del préstamo que recibieron”, se quejan.
También desde la gestión de los Kirchner el Ministerio de Defensa concentra las licitaciones de las operaciones logísticas de las Fuerzas Armadas, como las campañas antárticas de verano, que antes manejaba cada fuerza. Son más de 30 millones de dólares por año, advierten sectores militares.
“La tolerancia cero también tendría que aplicarse a la obra social y al servicio logístico para la defensa”, explicaron a LA NACION. Sin ánimo de relativizar el escándalo del jefe de la Fuerza Aérea, que utilizaba aviones militares para trasladar a su pareja, un oficial en actividad se preguntó si es razonable que el canciller Gerardo Werthein haya viajado en un jet privado a Uruguay para participar de la cumbre del Mercosur. “Un B-200 Huron de la Fuerza Aérea, con una capacidad de seis a ocho pasajeros, seguramente era más económico y habría contribuido a la instrucción que debe cubrir el personal de cabina”, dijo una fuente militar.
El Foro Argentino de Defensa, que preside Santiago Lucero Torres, respaldó la suspensión preventiva de los militares implicados en el escándalo del área de Aviación del Ejército. “La reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas es una tarea prioritaria que sólo será posible si se erradican las conductas individuales que anteponen intereses personales al deber de defender la Nación. Estas prácticas no son recientes, sino que lamentablemente responden a una herencia de malas costumbres institucionales, exacerbadas por una cultura de corrupción que ha afectado al conjunto del Estado”, denunció Lucero Torres.