El caso más visible es el de Puerto Rico, donde el Banco Nación ha presentado un amparo judicial para suspender el pago de la tasa de comercio, un ingreso vital para la Comuna. El banco argumenta que no recibe una contraprestación de servicios que justifique el impuesto, una posición que el municipio rechaza categóricamente. «Las calles no se iluminan solas, las veredas no se mantienen solas», señalan desde la asesoría legal, aludiendo a los servicios de infraestructura y seguridad que benefician a la entidad.
La situación de Puerto Rico no es un hecho aislado. En otros municipios misioneros como Alem, Apóstoles, Eldorado y Aristóbulo del Valle, el banco ha iniciado conversaciones para pagar menos o, incluso, ha amenazado con el cierre de sucursales en localidades pequeñas. Un antecedente preocupante es el de San Javier, que ya cedió en 2024 al reducir la alícuota de la tasa del 2,5% al 1,5%, cediendo a la presión para evitar el cierre de la sucursal.
Esta estrategia, que combina la vía judicial con la presión política, se repite en otras partes del país, como Córdoba y Buenos Aires. El presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, ha celebrado públicamente estos acuerdos, en sintonía con las políticas del presidente ultraderechista Javier Milei de propugnar la «disminución de impuestos en todos los niveles de gobierno».
Esta ofensiva contra los ingresos locales pone de manifiesto una disputa más profunda sobre el rol del Estado a nivel municipal y la descentralización fiscal. La medida, lejos de ser un simple conflicto tributario, es una decisión política coordinada desde la Casa Rosada que busca debilitar a los gobiernos locales y consolidar el control del gobierno nacional. El riesgo, según advierten varios intendentes, es que este «desfinanciamiento en cascada» termine por afectar directamente la calidad de los servicios públicos que las comunas brindan a sus ciudadanos.
Análisis: El Estado contra el Estado
El conflicto por la tasa de comercio es un claro ejemplo de la batalla ideológica que la administración de Javier Milei libra contra las estructuras estatales. En este caso, el Banco Nación, una entidad pública, se utiliza como herramienta para socavar la autonomía fiscal de los municipios, que son también parte del entramado estatal. El objetivo parece ser, como en muchos otros aspectos de la gestión libertaria, reducir la intervención del Estado en la economía, aunque esto implique debilitar la capacidad de los gobiernos locales para funcionar. Esta estrategia, disfrazada de una búsqueda de eficiencia, podría terminar por generar más problemas que soluciones, al dejar a las comunidades sin los recursos necesarios para proveer servicios básicos y mantener su infraestructura. (Con información del Diarios Primera Edición)