Según Ruppel, la mitad de las rutas del país se encuentra en mal estado. El problema no es reciente, ya que el especialista asegura que el deterioro viene de «hace mucho tiempo», pero se agrava ante la “desactivación de hecho” de Vialidad Nacional, que ha dejado de intervenir de manera significativa en el mantenimiento.
El experto también desestimó las alternativas planteadas por el gobierno nacional, como transferir la responsabilidad a las provincias o privatizar el sistema. Sostuvo que las provincias no tienen los fondos necesarios para sostener hospitales o escuelas, «mucho menos van a poder hacerse cargo de las rutas». A su vez, remarcó que el plan de concesionar las rutas a privados no tuvo éxito porque «nadie quiso tomarlas por el nivel de deterioro» y el altísimo costo de inversión que requieren.
Ruppel enfatizó que la función de Vialidad Nacional va mucho más allá de la repavimentación. El organismo cumple un rol esencial de presencia estatal en emergencias, como nevadas o catástrofes climáticas, y su desmantelamiento tendrá consecuencias directas sobre las vidas humanas. «Estamos hablando de vidas, pero también del altísimo costo económico que significa la atención a la accidentología: ambulancias, hospitales, cirugías. La inversión en rutas es también una política de salud», aseveró.
Finalmente, el especialista concluyó que desmantelar un organismo con un rol estructural en la integración territorial del país es un error estratégico. De no haber un cambio de rumbo, advirtió, el colapso de la infraestructura vial tendrá consecuencias gravísimas a nivel nacional.