El objetivo principal del plan libertario se centra en aliviar al Estado de tareas de mantenimiento, como reparación de pavimentos y bacheos, que ahora recaerá en los privados a cambio de concesiones para desarrollar infraestructura comercial.
“La decisión que se tomó es que se liciten todas las áreas de servicios de los pasos fronterizos. Que se encarguen los privados y a cambio se les dará la concesión de un predio donde podrán poner desde restaurantes a hoteles. Siempre, con inversión privada”, detalló una fuente oficial vinculada al proyecto.
Licitaciones en marcha y desafíos legales
Dos procesos licitatorios ya están en curso. El primero, correspondiente al paso Santo Tomé-Sao Borja, se presentó en conjunto con Brasil. Este proyecto, que requiere una inversión inicial cercana a los 20 millones de dólares, contempla un canon mínimo de 40 millones de dólares, dividido entre ambos países.
Sin embargo, una medida cautelar judicial en Brasil interrumpió temporalmente la adjudicación. Por este paso fronterizo circulan anualmente 148.000 vehículos livianos argentinos, 102.000 brasileños y 90.000 camiones.
En Paso de los Libres, Corrientes, se desarrolla otro proceso licitatorio exclusivamente argentino. Este paso, clave para la conectividad regional, ocupa una superficie de más de 900.000 metros cuadrados y registra un tránsito anual de 1,5 millones de vehículos. El proyecto exige al concesionario una inversión y mantenimiento por 25 años, con expectativa de adjudicación a mediados de este año.
Proyectos en carpeta: Uspallata e Iguazú
Otros dos pasos fronterizos están en etapas preliminares para ser concesionados. El Complejo Cristo Redentor, en Uspallata, que conecta con Chile, registró en 2024 un incremento del 11% en el flujo de vehículos pesados respecto al año anterior. Este paso representa un nodo estratégico para el comercio exterior, aunque requiere resolver cuestiones legales relacionadas con los terrenos, actualmente bajo la órbita de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE).
En Iguazú, la propuesta pone foco en el turismo más que en el transporte de cargas. En este cruce operan organismos como Aduana, Migraciones, Senasa y la Dirección de Sanidad en Fronteras. Durante 2024, el paso registró 102.300 ingresos de vehículos particulares, 14.723 de transporte de pasajeros y 2.581 de cargas. A diferencia de Santo Tomé, aquí no se cuenta con un centro binacional de uso compartido entre Argentina y Brasil.
Interés empresarial y posibilidades comerciales
Diversos grupos económicos mostraron interés en las concesiones. Empresas como London Supply, que opera terminales aéreas en El Calafate y Ushuaia, y compañías asociadas a la cámara del transporte de cargas (Fadeeac), analizan los llamados. La propuesta incluye amplias posibilidades para desarrollar infraestructura logística y comercial, como hoteles, estaciones de servicio, free shops, plazas saludables y centros de logística para almacenamiento y clasificación de mercancías.
Un documento interno detalla las áreas habilitadas para actividades comerciales, logísticas y de servicios, con una única restricción: queda prohibida la explotación de juegos de azar. Este atractivo esquema, junto con la proyección de un flujo vehicular constante y en aumento, hace que el plan represente un potencial negocio de largo plazo para los inversores.
Expectativas y desafíos
A pesar del interés generado, privatizar los pasos fronterizos tiene desafíos regulatorios y logísticos. En el caso de Uspallata, por ejemplo, será necesario transferir la propiedad de las tierras a los organismos responsables de las concesiones antes de avanzar. Además, algunos predios todavía necesitan la finalización de trámites ante la AABE.
El Gobierno considera que este modelo permitirá modernizar las infraestructuras fronterizas y atraer inversiones que potencien el desarrollo económico regional. Con la mirada puesta en adjudicaciones para mediados de este año, las autoridades esperan que estos proyectos pioneros sienten las bases para un esquema replicable en otros cruces fronterizos del país.