La normativa nacional prohíbe incluir en las facturas de energía eléctrica el ítem correspondiente al alumbrado público, un servicio que la cooperativa presta desde hace 45 años en convenio con los municipios. En tanto el municipio de Leandro N. Alem ya logró que la Justicia desestime esa resolución del gobierno anarco capitalista del presidente Javier Milei.

En una conferencia de prensa realizada en Puerto Rico, los intendentes Carlos Koth (Puerto Rico), Ramón Arrúa (Capioví), Víctor Vogel (Ruiz de Montoya) y César Araujo (Jardín América), con el respaldo de sus pares Gerardo Schmied (Garuhapé) y Elvio Rivas (Puerto Leoni), señalaron que la medida atenta contra el progreso y la seguridad de sus comunidades. También adelantaron que recurrirán a la justicia para frenar la aplicación de la resolución.

Carlos Koth, intendente de Puerto Rico, destacó que el cobro del alumbrado público a través de la factura de energía permitió a su municipio instalar 4.000 luminarias LED en cinco años, además de extender el servicio a barrios que antes carecían de iluminación. “Este modelo no solo asegura un servicio de calidad, sino que es equitativo y eficiente. Ahora quieren privarnos de esos beneficios, atendiendo a intereses ajenos a nuestra realidad”, afirmó.

Koth también advirtió sobre el impacto económico de la resolución, que obligaría a los municipios a garantizar el servicio con fondos propios. En el caso de Puerto Rico, esto implicaría destinar 45 millones de pesos mensuales, recursos que, según el jefe comunal, podrían usarse para obras de pavimentación o proyectos educativos. “No vamos a permitir que decisiones tomadas a miles de kilómetros destruyan un sistema que funciona y que ha sido avalado por la comunidad”, subrayó.

Por su parte, María Victoria Vercelli, presidenta de la Cooperativa Luz y Fuerza, defendió la legalidad del convenio entre la entidad y los municipios, validado por asambleas de asociados. “El alumbrado público no es un impuesto, es un servicio que prestamos y cuyo costo está claramente identificado en las facturas. Esta resolución desconoce nuestras facultades y pretende imponer un modelo ineficiente”, explicó.

Vercelli también enfatizó que la cooperativa cuenta con el personal capacitado para instalar, mantener y ampliar la red de alumbrado público, algo que, según dijo, las municipalidades no podrían garantizar de manera autónoma.

Tanto los municipios como la cooperativa anticiparon que en los próximos días presentarán una acción judicial para solicitar la anulación de la resolución. “Vamos a defender el progreso y la seguridad de nuestras comunidades. Este modelo no solo es eficiente, sino que representa una alianza histórica entre la cooperativa y los municipios, que no vamos a permitir que se destruya”, concluyó Koth.

Municipios como Leandro N. Alem ya obtuvieron fallos judiciales favorables en casos similares, lo que abre un precedente para la resolución del conflicto.