El cacique guaraní que llegó a juicio oral en Misiones, acusado de matar y quemar a su pareja María Solange Diniz Rabela durante la pandemia, fue absuelto y la Justicia ordenó su liberación inmediata.
Después de dos jornadas de debate, el Tribunal Penal N°1 de Oberá, conformado por los jueces Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Jorge Villalba, decidió la absolución de Marcelo Núñez, líder de la comunidad mbya guaraní Tarumá Poty.
En la segunda audiencia, la fiscalía, representada por David Milicich, alegó que el imputado había asesinado a la joven de 22 años en un contexto de violencia de género y luego incineró el cuerpo para ocultar las evidencias.
“María Solange sufría violencia de género de manera constante. Cinco testigos testificaron en este sentido. Era imposible que ella se atreviera a denunciar; hay personas que viven a una cuadra de una comisaría y no lo hacen, imaginate ella viviendo en una aldea”, afirmó el fiscal.
En contraposición, la defensa, liderada por el abogado Jorge Zabulanez, argumentó que no había pruebas físicas del homicidio y solicitó la liberación inmediata de su defendido.
Los jueces debatieron durante más de una hora y media tras escuchar los argumentos de ambas partes y, posteriormente, dictaron la absolución de Núñez.
Los fundamentos del fallo se darían a conocer el próximo 4 de julio.
Durante el proceso judicial, declararon testigos y el acusado, quien afirmó ante el tribunal que era “inocente” y que “nunca ejerció “violencia de género”.
Núñez había estado detenido desde abril de 2020, cuando los investigadores lo señalaron como principal sospechoso del asesinato de la joven.
En su primer declaración, el cacique aseguró que Rabela había fallecido por Coronavirus y, para evitar la propagación del virus “siguió con las recomendaciones de cremar y enterrar el cuerpo”.
Satisfecho con la sentencia que se conoció este jueves, el imputado Marcelo Núñez anticipó que regresará a la comunidad Tarumá Poty en San Vicente y se defendió una vez más de las acusaciones por la muerte de su pareja María Solange Diniz Rabela, ocurrido en 2020. “Se habló mucho y no fue así como dicen. Yo siempre voy a defender a mi comunidad”.
Núñez expresó estar “muy contento con mi abogado, y agradecido”. Después de cinco años detenido y de haber perdido contacto con los demás miembros de la aldea, anticipó que regresará a Tarumá Poty donde vive su familia. “Voy a volver a la comunidad porque soy el único que cuida a mi mamá”, dijo a medios locales.
De acuerdo con la reconstrucción que hicieron los investigadores, el domingo de Pascuas de 2020, Núñez se comunicó con una médica que solía brindar asistencia sanitaria en la aldea Tarumá Poty, cerca de la ciudad de San Vicente (en la zona centro de Misiones), para señalarle que su pareja había fallecido la noche anterior con síntomas de coronavirus. Según el cacique, la profesional le recomendó que incinerara el cuerpo para evitar la propagación del virus en la comunidad, algo que fue desmentido por la médica.
La investigación se inició al día siguiente cuando el padrastro de la joven se presentó en la comisaría de San Vicente y contó que acaba de enterarse de la muerte de Diniz Rabela y que Núñez podría ser el responsable, ya que existían reiterados hechos de violencia conyugal.
La Justicia ordenó una inspección ocular en la aldea tres días después. En la vivienda de Núñez se secuestró un serrucho, ropas y dos frazadas con manchas de sangre, indicios que suponían la existencia de un crimen.
Cuando los policías llegaron a Tarumá Poty, Núñez no estaba. Los paisanos relataron que el cacique les contó sobre la muerte y que el cuerpo había sido enterrado en una zona de montes, no muy lejos de las viviendas.
A unos 200 metros de la aldea se hallaron piezas óseas junto a una cama de madera parcialmente quemada. También había un pozo de escasa profundidad donde habían sido arrojados restos humanos parcialmente incinerados.
Núñez fue detenido poco después en una aldea vecina, adonde había ido de visita.
Ante el Tribunal Penal de Oberá, el cacique negó haber asesinado a Diniz Rabela. Aseguró que la amaba y no tenían problemas de convivencia.
Por su parte, la médica Adriana Ferreyra Díaz, que fue alertada sobre el fallecimiento, relató que fue Núñez quien le comunicó lo sucedido con su pareja y ella le pidió que llamara a la Policía, al tratarse de una muerte en una vivienda.
El cacique insistió en que fueran a la aldea. Y la convenció cuando le dijo que había chicos con fiebre. La médica relató que se negó a revisar el cadáver e insistió en que debía intervenir la Policía.
Pablo Sayas, que es agente sanitario y cacique de otra comunidad mbya, declaró que “la doctora mandó a quemar el cuerpo”.
El fiscal David Milicich pidió la condena a perpetua del cacique Núñez. Alegó que la decisión de quemar el cuerpo de la mujer “no tuvo fines religiosos ni fue para evitar la propagación del coronavirus, sino para borrar evidencia”.
Dio por probada la violencia de género en base al testimonio de varias personas, entre ellas un hijo de la víctima, testigo de los golpes del cacique.
Por su parte, el defensor Jorge Sabulanez cuestionó la investigación y sostuvo que no hay ninguna prueba concreta de que se trate de un femicidio.
“Desde la instrucción se ha intentado construir un mito, un monstruo sobre Marcelo” y cuestionó a la Policía porque “se prostituyó un lugar sagrado para la cultura guaraní».
«Donde muere una persona y se entierra, es tierra sagrada. Eso no fue respetado”, dijo.
Los jueces Francisco Aguirre, Horacio Paniagua y Julio Carvallo finalmente se inclinaron por absolver al cacique al no poder establecerse con certeza la causa de la muerte de la joven.
La Justicia absolvió a Marcelo Núñez tras más de cinco años preso sin pruebas, dijo en un fuerte comunicado el Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (EMIPA), tal como se puede leer a continuación.
Hoy, la verdad se antepuso al prejuicio. Después de cinco años de encierro, especulaciones y arbitrariedades, el exmburuvicha Marcelo Núñez, acusado de haber asesinado a su pareja en 2020, recuperó la libertad.
El tribunal consideró que no hubo pruebas suficientes para sostener la acusación, ya que no pudo acreditarse que la muerte de su mujer fuera consecuencia de una acción violenta, ni tampoco que hubiera sido víctima de violencia de género.
El mismo médico forense reconoció ante el tribunal que, debido al estado en el que recibió el cuerpo, no pudo establecer la causa de muerte. Sin embargo, el Estado mantuvo durante cinco años una acusación basada en conjeturas, omitiendo completamente el contexto social, cultural y sanitario, y la responsabilidad del personal de salud que se negó a revisar el cuerpo y –suponiendo que se trataba de Covid- sugirió incinerarlo.
De hecho, el fiscal insistió en reiteradas ocasiones en la necesidad de “tener en cuenta el contexto”, pero ignoró deliberadamente el contexto que sí existía y era determinante: la pandemia, las condiciones materiales y, sobre todo, la cultura Mbya, con sus tiempos, lengua y modos.
Otra justicia es posible
La absolución es un acto de reparación pero al mismo tiempo deja al descubierto un sistema estructuralmente racista, que en todos estos años no tuvo en cuenta los derechos indígenas y que, además, estuvo reforzado por una cobertura mediática plagada de discursos de odio, discriminación e ideas preconcebidas.
Hoy, más que nunca, es necesario exigir que la Justicia argentina sea verdaderamente intercultural, que respete la diversidad y los tratados internacionales que firmó, y que nunca más el prejuicio valga más que la prueba.
Por primera vez en cinco años, la justicia fue justa. Eligió mirar los hechos en lugar de las conjeturas, escuchar y atenerse a las pruebas más que a la voz estigmatizante. Eligió reparar el daño que ella misma ayudó a causar. Hoy se demostró que otra justicia es posible y necesaria.
Marcelo Núñez recuperó su libertad. Ahora tocará levantar cabeza y seguir, con las marcas que le dejó media década de encierro, finaliza el comunicado de EMIPA.