La situación de Sánchez, en la ciudad de Oberá, zona centro de Misiones, evidencia un inevitable deterioro de su estado de salud y de sus condiciones de vida. El glaucoma neovascular y la diabetes le provocaron la pérdida total de la visión y la imposibilidad de valerse por sí mismo.

El caso Sánchez lleva su tiempo: en 2022 debió recurrir a la Justicia Federal para acceder a una medicación específica, aunque la demora impidió revertir el cuadro.

Su vulnerabilidad fue aprovechada por terceros que terminaron tomando préstamos a su nombre, dejándolo en la miseria.

Sin recursos económicos, este afiliado de PAMI no pudo sostener el alquiler de su vivienda y quedó en situación de calle en 2025, sin una respuesta efectiva del sistema de contención social.

Ante ese escenario, fue alojado de manera transitoria en el Hogar de Ancianos de la Municipalidad de Oberá, en Villa Svea. En paralelo, la Defensa Oficial Federal promovió una medida cautelar contra el PAMI, delegación Oberá, solicitando cobertura médica integral y alojamiento permanente, obligación que hasta el momento no se habría concretado.

Al no adaptarse al geriátrico, Sánchez atravesó una crisis y desde el 24 de junio está internado en una clínica psiquiátrica. Si bien ya se encuentra en condición de alta médica, continúa institucionalizado por no contar con un lugar adecuado donde residir ni con la cobertura que le permita continuar su tratamiento de manera ambulatoria.

En septiembre, el juez federal de Oberá, Alejandro Gallandat, hizo lugar a la medida cautelar y ordenó al PAMI brindar asistencia psicofísica integral, incluyendo cobertura de alojamiento geriátrico y atención médico-psiquiátrica, bajo apercibimiento de multas. Dicha resolución fue confirmada posteriormente por la Cámara Federal de Apelaciones, aunque, según indicó el propio afiliado, aún no fue cumplida.

Sánchez tiene dos hijos, uno residente en el exterior y otro en Buenos Aires, quienes no asumieron su cuidado. Así, su situación permanece atrapada entre fallos judiciales incumplidos y resoluciones que no contemplan su realidad cotidiana.

Lo de Miguel Ángel Sánchez es apenas un de los tantos casos que desnudan la inexistente actuación del PAMI frente a afiliados que dependen, casi exclusivamente, de la respuesta del Estado para poder vivir con dignidad.