Caraguatay vive una crisis institucional tan prolija que casi parece planificada: un intendente denunciado por abuso sexual, un Concejo Deliberante fracturado y una estructura municipal administrada como si fuera un botín a repartir y no un servicio público a gestionar. El resultado es una combinación de parálisis administrativa, pulseadas de poder y un clima donde las urgencias de los vecinos quedan prolijamente relegadas al último punto del orden del día.

El origen del intríngulis: un intendente en la mira
La causa penal contra el intendente Mario Peyer por abuso sexual no solo puso en jaque su futuro político, sino que activó el mecanismo menos querido de cualquier municipio: la discusión sobre la gobernabilidad real cuando el que debería conducir está concentrado en sus problemas judiciales. Desde entonces, una parte del sistema político local lee la situación como oportunidad, y no precisamente como oportunidad para mejorar la administración.

La denuncia, lejos de tratarse solo de un expediente en un juzgado, se convirtió en el centro de gravedad de la política caraguataense: todo se ordena en torno a quién se beneficia si el intendente cae, quién pierde si se mantiene y qué “precio” tiene cada alineamiento. En este marco, la ética pública corre de atrás: primero se cuentan los porotos, después se redactan los comunicados.

Un Concejo Deliberante en modo campo de batalla
La inspección judicial en el Concejo Deliberante fue el punto de inflexión que terminó de exponer la fragilidad institucional de Caraguatay: allí donde debería haber reglas claras, mayorías y minorías, apareció un escenario de desconfianza cruzada y maniobras de ocasión. La coincidencia entre la intervención judicial y una sesión clave no fue solo un dato de color, sino el recordatorio de que el conflicto político ya desbordó lo administrativo.

En lugar de un Concejo ordenando la transición, la discusión sobre atribuciones y reemplazos se transformó en una guerra de posiciones simbólicas: quién preside, quién firma, quién tiene la llave literal y política del edificio. El reglamento interno se invoca según conveniencia, como si fuera un texto sagrado que cada facción interpreta a su manera.

La Municipalidad como botín, no como institución
Mientras tanto, la Municipalidad funciona como lo que en los hechos es: un espacio de empleo, contratos y favores, administrado bajo la lógica del “amigo–enemigo” y no desde una mínima noción de política pública. Despidos, rumores de nuevos nombramientos y reacomodos en el organigrama son la traducción administrativa de la pelea política.

Cada movimiento interno –un pase, una baja, un contrato que se renueva o no– tiene lectura política, aunque su impacto real sea mucho más simple: servicios resentidos, trámites demorados, vecinos que no saben a quién reclamar. La ironía es que, en nombre de la “institucionalidad”, se termina consolidando un sistema profundamente personalista y discrecional.

Los vecinos: público cautivo de una serie que no eligieron
En el medio de esta trama, los trabajadores municipales y los vecinos viven la crisis en su versión más concreta: incertidumbre laboral, servicios que se prestan a media máquina y una sensación de inestabilidad permanente. Los ciudadanos asisten a la saga institucional como espectadores obligados, sabiendo que cualquier desenlace tendrá un costo que, de una forma u otra, terminarán pagando ellos mismos.

La política local gira sobre sí misma, ocupada en calcular reemplazos y alianzas, mientras el municipio pierde su función más básica: ser un organizador razonable de la vida cotidiana. Caraguatay no discute un modelo de desarrollo, discute quién se sienta en la silla principal; el resto, por ahora, es decorado.

La crisis, paso a paso
Denuncia contra el intendente
Presentación de la denuncia por abuso sexual contra Mario Peyer, que abre la causa penal y cuestiona su continuidad política. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, le sugiere por redes sociales a Peyer que tome licencia y se ponga a derecho, cosa que hizo el efe municipal
Inspección judicial en el Concejo
Intervención de la Justicia en el Concejo Deliberante, con inspección que coincide con una sesión clave y expone la disputa por el poder.
Sesión caída y disputa por la presidencia
Jornada en la que fracasa una sesión decisiva y se agudiza la pelea por el control del Concejo y la eventual sucesión del intendente.
Intendenta interina
Asume Norma Graciela Gularte, que integraba la lista del intendente licenciado, pero que transfugó a La Libertad Avanza, traicionando el madnato popular. De manera entonces que una oposición inexistente en las elecciones, de repente se queda con la administración de un municipio, que debe ser transitoria.
Reacomodos y despidos en la Municipalidad
Serie de despidos, rumores de nuevos nombramientos y cambios internos que evidencian el uso de la estructura municipal como botín político.
Escalada de la crisis y parálisis administrativa
Profundización del conflicto, servicios resentidos y vecinos atrapados en una pelea de poder que se superpone a los problemas cotidianos.

Lo que ocurre por estas horas en Caraguatay puede leerse, para muchos actores locales, como una suerte de “muestra gratis” de lo que sería un gobierno de La Libertad Avanza en municipios y en la provincia.

En medio de una crisis institucional, las primeras decisiones de la intendencia interina ya muestran un impacto concreto: recortes de personal y la interrupción de servicios esenciales como la recolección de residuos, lo que genera inquietud no solo por sus efectos inmediatos en el municipio, sino también por lo que podría anticipar en términos de empleo estatal —incluidos trabajadores municipales, provinciales y docentes—.

A esto se suma que, según información surgida internamente, esos recortes no serían tales en términos reales, ya que se denuncian ingresos de nuevas personas vinculadas al espacio político de la actual conducción.

Lo que en principio debía ser una transición administrativa acotada comenzó a mostrar señales de reconfiguración interna más profunda.

Desde el día uno del interinato pudo advertirse que la transición y la gestión temporal no sería sin tensiones, pues cuando Norma Gularte se hizo cargo del Departamento Ejecutivo, autoridades partidarias de LLA y legisladores de esa fracción política acudieron a esa instancia, como si hubieran ganado las elecciones.

Uno de los hechos más visibles fue el despido de la directora de Acción Social, Nancy Lezcano, notificada bajo el argumento de “cambios estructurales en la administración municipal”. La exfuncionaria cuestionó la medida, aseguró que no recibió explicaciones claras y denunció irregularidades en el procedimiento, afirmando incluso que no firmó la notificación y que continuará en funciones.

Desde el Concejo Deliberante, su presidente expresó preocupación por el clima interno y describió la situación como una posible “cacería de brujas”. En paralelo, los ediles avanzaron con una resolución para intentar garantizar la estabilidad laboral de los empleados municipales ante el temor de nuevas desvinculaciones, en un contexto donde no hay confirmación oficial de despidos masivos, pero sí versiones sobre revisiones en la estructura del personal.

La crisis también comenzó a sentirse en la vida cotidiana de los vecinos. La Municipalidad informó la suspensión temporal del servicio de recolección de residuos por problemas operativos vinculados al acceso a equipamiento, lo que derivó en la acumulación de basura en distintos puntos de la localidad y encendió nuevas alarmas sobre la capacidad de gestión en medio del conflicto.

A este escenario se suman denuncias sobre supuestos ingresos de personas vinculadas políticamente a la nueva conducción, lo que alimenta sospechas de recambio de personal con criterios partidarios. Mientras la investigación judicial sobre el intendente continúa y el plazo de su licencia es limitado, en Caraguatay crece la incertidumbre: trabajadores municipales, al igual que otros sectores estatales, observan con preocupación cómo una crisis política empieza a traducirse en consecuencias concretas sobre el empleo y los servicios esenciales.

Las convicciones de Norma Graciela Gularte
En julio de 2025, hace apenas ocho meses, la ahora intendente interina libertaria aseguraba que «La Renovación sigue creciendo con el apoyo del pueblo misionero» (Leer sus declaraciones completas aquí)