Con topes de consumo bonificado que cayeron de 550 kWh a apenas 150 kWh, las familias se enfrentan a una transición brutal hacia la tarifa plena, donde el excedente se paga a precio de mercado, poniendo en jaque la economía doméstica en un contexto de recesión y salarios estancados.
El nuevo esquema implementado por la Nación eliminó las antiguas categorías por ingresos para centrarse exclusivamente en el nivel de consumo. Bajo esta lógica, el Estado nacional ha retirado gran parte de su asistencia, dejando que el costo real de la energía recaiga directamente sobre el usuario. En Misiones, esta medida tiene un impacto doblemente punzante debido a las condiciones climáticas que obligan a un uso intensivo de refrigeración; hoy, cualquier hogar que supere el exiguo límite de 150 kWh verá cómo su factura se infla exponencialmente, sin que las cooperativas locales tengan margen de maniobra para amortiguar el ajuste.
Desde la Federación de Cooperativas Eléctricas de Misiones (FECEM), su presidente Ángel Kuzuka advirtió que el panorama es «oscuro» y que el cambio es desmedido. Según detalló, un usuario que consume 300 kWh antes tenía un margen de cobertura mucho mayor, pero ahora debe pagar la mitad a tarifa plena. Esto se traduce en una brecha económica asfixiante: mientras que una factura con subsidio puede rondar los 40,000 pesos, ese mismo consumo sin el beneficio estatal saltaría por encima de los 100,000 pesos, una cifra inalcanzable para gran parte de la población trabajadora.
La consecuencia más inmediata y alarmante de este incremento es el disparo vertical de la morosidad. Según los datos del sector cooperativo, la falta de pago ha venido creciendo entre un 5% y un 6% mensual en el último tiempo, pero con la llegada de estas nuevas boletas se espera que el índice se duplique. Las familias misioneras se encuentran hoy en la dolorosa posición de tener que elegir entre pagar la luz o cubrir necesidades básicas como la alimentación y la salud, lo que anticipa una ola masiva de reclamos y una cantidad sin precedentes de cortes de servicio programados por falta de pago.
Este escenario de impago no solo afecta al usuario, sino que pone en riesgo la estabilidad de todo el sistema eléctrico regional. Las cooperativas, al no contar con recursos propios para absorber la quita de subsidios nacionales, dependen exclusivamente de la recaudación para mantener la infraestructura y garantizar el suministro. Si la morosidad continúa su escalada, la capacidad de inversión en redes y mantenimiento se verá severamente comprometida, lo que podría derivar en un deterioro del servicio técnico en toda la provincia en los meses venideros.
Ante la gravedad de la situación, tanto el sector cooperativo como el Gobierno provincial han elevado gestiones urgentes ante la Secretaría de Energía de la Nación para que se revisen los topes estacionales. El pedido formal solicita que se tengan en cuenta las particularidades de Misiones, donde el promedio de consumo es naturalmente más alto por el calor, sugiriendo que el límite subsidiado no baje de los 300 kWh. Mientras tanto, la recomendación de supervivencia para los ciudadanos es una sola: reducir el consumo al máximo absoluto, monitoreando cada electrodoméstico para evitar que el retiro del Estado como actor social termine de quebrar definitivamente la economía familiar.