En lo que representa otro golpe al bolsillo de los automovilistas, el Ministerio de Justicia del gobierno anarco capitalista de Javier Milei decidió aplicar una nueva suba en todos los formularios que se utilizan en los Registros del Automotor. Eso involucra desde el formulario 01 de inscripción inicial hasta el 08 de transferencia. Vale recordar que en campaña y ya en la gestión los libertarios planteaban la eliminación de los registros de automotores, dependencias a las que ubicaban como un «curro», parte de la casta que venían a combatir.

En enero ya se había aplicado una suba sobre todos esos formularios. Ahora, las subas serían, en promedio, entre 100 y 300%, según fuentes del sector. Además, el Gobierno decidió aumentar los ingresos que perciben los encargados de los registros, que estaban frenados desde octubre del año pasado.

Es un aumento por inflación. Sin aumentos, el Ministerio de Justicia se quedaría sin ingresos porque bajó mucho la venta de autos, dijeron desde ese lugar.
La media, publicada este martes, habilita a un aumento sustancial de los montos para cada uno de los registros. En total son 43 los aranceles afectados por la medida ordenada por Cúne Libarona. El número de aranceles para diferentes transferencias revela la cantidad de erogaciones que debe destinar quienes deben hacer una transacción en uno de los registros. Algunos aranceles aumentaron un 100 por ciento, pero hay otros que llegan al 300 por ciento.

Apenas asumió, el Gobierno apuntó a una profunda digitalización de todos los trámites, pero ese proceso todavía no se concretó.

Los cambios figuran en el DNU 823. Son 13 artículos que modifican artículos e incisos de un decreto de 1958 que luego fue ratificado por una ley de 1997, durante el gobierno de Carlos Menem, donde se regula el régimen jurídico del automotor.

Luego, el Gobierno lanzó una auditoría de 141 registros que ya estaban intervenidos. En ese listado hay 42 registros de la provincia de Buenos Aires, 13 de la Ciudad de Buenos Aires, 10 de Córdoba, 10 de Entre Ríos, 6 de Chaco, entre otros.

También se puso en marcha una fiscalización digital de otros 25 registros.

“Vamos a analizar variables como los plazos en que los registros cumplen los distintos trámites, ver si hay irregularidades, si la gente recibe un buen servicio. Si detectamos problemas, que pueden surgir de negligencia o impericia, pero también de ilícitos, la siguiente etapa es la fiscalización in situ”, explicaron desde la cartera de Justicia.

Además de aumentar los formularios, el Gobierno decidió aumentar los ingresos que reciben los encargados de los Registros.

“Esta medida tiende a garantizar la correcta y eficiente prestación del servicio público a cargo de esas unidades operativas, a través de un servicio de calidad acorde con el valor de los bienes afectados”, dice una resolución firmada por el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y publicada en el Boletín Oficial.

Esa misma resolución destaca que los montos estaban congelados desde octubre del año pasado y que las subas otorgadas no reflejan la inflación de los últimos meses.

Los nuevos aranceles
✔ Una certificación de firmas costará $2.990. Tuvo un aumento del 100% ya que salía $1.300.
✔ Similar porcentaje tuvo un informe de dominio que pasó de $260 a 600.
✔ El envío de un legajo llegará a $1.630. Un cambio de domicilio saldrá $1.130.
✔ Una de las subas porcentuales más altas de la de la expedición de cédula de identificación del automotor, que subió de $1890 a $7940; es decir, un 320 por ciento.
✔ La expedición de las patentes (la placa de identificación metálica) aumentó de $4.160 a $17.480, también un 320 por ciento.

“Los aumentos propuestos tanto para los aranceles registrales como para los montos mínimos y límites de las sumas que perciben los Encargados de Registro resultan inferiores a los índices inflacionarios registrados desde las últimas modificaciones introducidas en estas normas”, detalla la resolución fechada el 12 de abril.

El gremio que representa a los encargados venía reclamando hace tiempo que se suban los emolumentos.

“Han transcurrido ya más de tres meses y no hemos tenido ningún tipo de contacto que permita vislumbrar una pronta medida que al menos ayude a paliar en parte el desfinanciamiento que venimos padeciendo. Ninguna autoridad del Ministerio a su cargo tomó contacto con nosotros encontrándonos además de la crítica situación económica con un estado de incertidumbre acerca del devenir”, señaló la Asociación de Encargados de registros (AAERPA).

Esa misma nota planteaba que la situación era “insostenible” y remarcaba que había generado renuncias de encargados y despidos de los empleados.