Sucede que si hay rechazo del Congreso, el país no podría volver a endeudarse. La Ley de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública así lo dice explícitamente. El sábado el Presidente aseguró, en el discurso de la Apertura de Sesiones del Congreso, que se aferraría a las leyes vigentes. ¿Los legisladores harán el mismo juego en esta etapa libertaria de extender tiempos o mirar para otro lado los DNU anarco capitalistas?
LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA
Milei confirmó a través de un comunicado oficial que enviará al Congreso Nacional un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para obtener apoyo en el acuerdo con el FMI. Según el documento, la operación financiera permitirá que el Tesoro Nacional cancele deuda con el Banco Central, reduciendo así el total de la deuda pública.
Los artículos de la Ley de Deuda Pública que dejan en claro el accionar que debe existir ante un nuevo préstamo o acuerdo con el FMI.
Según el texto dado a conocer la medida busca fortalecer el balance del Banco Central, consolidando la estabilidad monetaria y financiera, además de avanzar en el proceso de desinflación y la liberación de restricciones cambiarias.
Esta decisión refuerza la postura del Ejecutivo de avanzar con su plan de ajuste fiscal, en un contexto de negociaciones con el FMI y expectativas sobre la evolución de la economía nacional.
Por la mañana la vocera del FMI dijo que Argentina podrá acceder a los desembolsos extras que se asignen en el futuro acuerdo, pese a un eventual rechazo del programa en el Congreso o a la imposibilidad de su tratamiento en las cámaras del Parlamento.
Pero más tarde el Fondo, en un comunicado, dijo que sin cumplir las leyes no hay plata.
“Asegurar el apoyo del Congreso es una decisión de las autoridades tal como lo establece la legislación interna argentina. Y al mismo tiempo, por supuesto, como acabo de señalar, un amplio apoyo político y social puede mejorar la implementación del programa. Las preguntas relacionadas con el proceso específico para lograr o buscar el apoyo del Congreso deben dirigirse realmente a las autoridades argentinas porque es una cuestión de derecho interno”, explicó Julie Kozack, directora de comunicación del FMI.
Y completó: “Desde nuestro lado, como señalé, las negociaciones continúan de manera constructiva. En términos del proceso desde el lado del FMI, una vez que se completen las negociaciones, como con cualquier programa del FMI o programa propuesto, el acuerdo final, los documentos requerirán la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI.
En este contexto, un par de horas más tarde fuentes oficiales del FMI “aclararon que para que el Directorio Ejecutivo del FMI pueda aprobar el programa será necesario que las autoridades aborden los requisitos legales a nivel nacional”.
Esto es lo que se interpreta cuando la fuente oficial del organismo aclara la necesidad de abordar “los requisitos legales a nivel nacional”.
El FMI negocia con el Ministerio de Economía, no con el Parlamento. Entonces, el concepto de autoridad está referido al Palacio de Hacienda en representación del presidente Milei, que tambien participa activamente de las conversaciones cada vez que se encuentra con Kristalina Georgieva en DC en el G7 o el G20.
Milei tiene una ventaja política en la negociación con el FMI: es apoyado por Donald Trump, que controla al organismo multilateral de crédito a través de la Secretaria del Tesoro. Un día después del encuentro de Milei con Trump, Scott Bessent -secretario del Tesoro- abrió las puertas de su despacho para recibir a Luis Caputo, que estaba en DC acompañando al presidente.
Pero el respaldo de Trump no alcanza para aplacar ciertos cuestionamientos técnicos del FMI a la propuesta de Argentina, ni sirve para lograr que las cámaras legislativas aprueben el desembolso extra que se concederá para fortalecer las reservas del Banco Central y -eventualmente- abrir el cepo financiero.
En la burocracia del FMI, la Argentina es considerada el rayo de la muerte. Funcionarios muy influyentes y con alto nivel académico ahora dan clases en las universidades de Estados Unidos o toman sol en Miami recordando los bifes de lomo que comían en Las Cañitas, cuando bajaban a Buenos Aires para negociar con las administraciones de Mauricio Macri y Alberto Fernández.
Desde esta perspectiva, Georgieva y su staff aún son reluctantes a aceptar determinadas premisas que plantea Argentina. La directora gerente quiere cubrir las espaldas de sus asesores, y batalla con Caputo asumiendo que el secretario del Tesoro un día de marzo llamará para decir que la función terminó.
Al concluir la discusión técnica con el FMI, se conocerá el Staff Level Agreement (SLA), que explica qué acordó la Casa Rosada para recibir el desembolso extra. Ese Staff Level Agreement se eleva al directorio del Fondo, que es controlado por Estados Unidos y habitualmente se toma dos semanas para aprobar.
Mientras el Staff Level Agreement esté a consideración del board, habrá un fuerte debate parlamentario acerca de su alcance y sus contenidos. Está vigente la Ley Guzmán, que establece el tratamiento obligatorio de las futuras deudas que asume el Poder Ejecutivo con organismos multilaterales.
“Dada la importancia estratégica que tiene este acuerdo para la Argentina, quiero anunciarles que en los próximos días le pediré al Congreso que apoye al Gobierno en este nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional”, dijo el Presidente hace cinco días.
Y agregó: “Este nuevo acuerdo nos brindará las herramientas para allanar el camino hacia un esquema cambiario más libre y eficiente para todos nuestros ciudadanos y para poder atraer mayores inversiones que se traduzcan en menor inflación, mayor crecimiento y nivel de empleo, con las consecuentes mejores salarios que implican menor cantidad de pobres e indigentes”.
Balcarce 50 tenía intenciones de enviar al Congreso un pedido de aprobación del acuerdo del FMI sin aportar los detalles técnicos. Esa decisión política encierra una contradicción hermenéutica: la Ley Guzmán fue aprobada para que los legisladores conocieran los términos específicos del endeudamiento -metas y obligaciones-, y a continuación emitieran su dictamen político.
Si el Poder Ejecutivo no remite la autorización con el texto del Staff Level Agreement, se estaría violando el espíritu de la norma redactada por el exministro de Economía. Milei y Caputo pueden alegar que la ley taxativamente no exige el acompañamiento del SLA, pero es obvio que para dar un consentimiento se debe conocer que se consiente.
Y al margen de las discusiones políticas, legales y académicas, el Gobierno necesita mayorías simples en Diputados y Senado, que serán difíciles de obtener en la actual coyuntura de la Argentina.
De todas maneras, la portavoz Kozack fue explícita: la aprobación del futuro acuerdo depende -únicamente- de la decisión del board del FMI.
Y esa decisión está en manos de Trump, que considera a Milei su aliado estratégico en América Latina.