Una jueza le pidió al Gobierno que explique por qué presentó un amparo contra el aumento indiscriminado de las empresas de medicina prepaga, que fue autorizado por un DNU aún vigente emitido por el propio gobierno. Más aún, el pedido busca establecer si la resolución que dispuso retrotraer los precios de las prepagas a diciembre de 2023 neutraliza los efectos del amparo presentado.
La jueza en lo civil y comercial federal Mercedes Maquieira cursó el pedido al gobierno como una “aclaratoria” sobre los términos del amparo y la resolución emitida por la Secretaría de Industria y Comercio en torno a las tarifas de las empresas.
Lo hizo en el marco de una acción judicial de la Superintendencia de Servicios de Salud, presentada el mismo día en que el gobierno resolvió ordenar que lo que cobran las empresas se retrotraiga a valores de diciembre de 2023.
En los hechos, el gobierno le pide al Poder Judicial que le ordene a las prepagas que retrotraigan el aumento de tarifas que, por una parte, fue autorizado por el DNU 70/23 y, por la otra, ya fue neutralizado mediante una resolución de un organismo que depende del propio gobierno.
En efecto, la Secretaría de Industria y Comercio, que depende del Ministerio de Economía, emitió la semana pasada una medida que impuso a las empresas de medicinas prepaga fijar los precios a valores de diciembre pasado y calcular los incrementos sobre la base de la inflación calculada por el INDEC.
El pedido de aclaración formulado por la jueza es previo a que resuelva si acepta la competencia o la declina para que intervenga el fuero en lo Contencioso Administrativo Federal.