Un «beneficio» que no alcanza a todos y genera desconfianza
Si bien circuló un borrador que extendería el «beneficio» de retenciones más bajas para el trigo y la cebada, la noticia impacta de lleno en los principales cultivos de exportación: la soja y el maíz, que volverán a tributar con alícuotas más altas, incluida la del 33% para la soja, confirmada por el propio presidente Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo.
Esta decisión ha provocado una aceleración atípica en la registración de exportaciones y ventas de granos en junio, ya que los productores intentaron anticiparse al aumento. «Se hicieron muchas ventas de soja anticipadas ante la posibilidad de que el 1 de julio suban las retenciones», explicó el consultor agropecuario Javier Preciado Patiño.
La contradicción es evidente: un gobierno que se declara fervientemente anti-impuestos y defensor de la libertad económica, recurre a una de las herramientas fiscales más criticadas por el sector productivo para intentar sostener el ingreso de divisas. Esto, a pesar de que la baja temporal de retenciones implementada en enero ya había demostrado ser efectiva, con un ingreso de divisas que alcanzó los $11.713 millones entre enero y mayo, un crecimiento del 29,5% interanual y la tercera mejor marca histórica.
Un futuro incierto para las divisas y el sector productivo
La pregunta clave ahora es qué ritmo tendrá el ingreso de divisas en los próximos meses. Con elecciones en octubre y la necesidad gubernamental de mantener el tipo de cambio «planchado» y el mercado suficientemente ofertado, la dependencia del complejo sojero sigue siendo fundamental.
Sin embargo, los analistas anticipan una «desaceleración muy fuerte en la comercialización» durante julio, dado el adelantamiento de ventas en junio. Preciado Patiño proyecta dos escenarios posibles para agosto y septiembre, meses de típica dolarización preelectoral:
Retención de granos: Los productores podrían optar por una «retención muy fuerte» de la mercadería, forzando al Gobierno a reconsiderar una nueva baja de los derechos de exportación.
Márgenes negativos para la industria: La industria aceitera podría verse obligada a reducir sus márgenes o incluso operar con pérdidas para mantener la actividad.
En el sector exportador, la advertencia es clara: la suba de retenciones se traducirá en precios más bajos para los productores, lo que impactará directamente en su rentabilidad, que ya se encuentra «al límite». La ironía es que, en los meses que duró el beneficio temporal, el Gobierno resignó unos $700 millones de recaudación, una cifra menor en comparación con el impacto negativo que se prevé.
La falta de obra pública se suma a la ecuación
A la problemática de las retenciones se suma una crítica cada vez más fuerte: la paralización de la obra pública. El campo, que ya lidia con una compleja ecuación de costos, precios y tipo de cambio, ve cómo la falta de infraestructura agrava su situación.
La Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) emitió un duro documento, destacando la pérdida de unos $5.000 millones por la falta de obras en el Plan Maestro del Río Salado, esenciales para mitigar los efectos de las inundaciones. Carbap subraya que el financiamiento nacional es «indispensable» y critica que los recursos del Fondo Hídrico, que se nutre de la carga de nafta y GNC, estén «durmiendo la siesta».
En definitiva, la decisión de subir retenciones representa un duro golpe a la credibilidad libertaria del Gobierno de Milei y profundiza la crisis en un sector clave para la economía argentina, sumando incertidumbre y descontento en el campo.