La modificación más trascendental es la introducción de un plazo mínimo de 48 horas antes de que un embargo se haga efectivo. Este «aire» permitirá a los contribuyentes exponer excepciones o, más importante aún, tomar acciones para cancelar su deuda antes de que la medida los perjudique. Este cambio busca generar mayor certeza jurídica y previsibilidad, un objetivo central para la gestión de Juan Pazo, titular de ARCA.
Además de este aviso previo, la Disposición 120/2025 expande el margen para que los deudores regularicen su situación, fomentando la cancelación voluntaria y buscando evitar la instancia judicial del embargo.
La nueva medida no solo se limita a los plazos. ARCA también ha contemplado excepciones especiales para aquellos contribuyentes que residen a más de 100 kilómetros de la oficina del organismo donde deben resolver su situación. En estos casos, se otorgarán cinco días adicionales para cancelar la deuda. Para acceder a este beneficio, el contribuyente deberá haber sido notificado previamente de su deuda a través del domicilio fiscal electrónico y solicitar una «traba anticipada» con autorización judicial.
Este giro en la política recaudatoria de ARCA no es arbitrario. Responde a un cambio de paradigma y a la experiencia positiva con los planes de pago. En los primeros cinco meses del año, el organismo logró recuperar la impresionante suma de $620.000 millones en deudas contraídas entre 2020 y 2024, pasando de $1.788 millones a $613.853 millones. Esta cifra representa el 66% de lo adeudado y se estima que el 77% del total de las deudas fue recuperado, alcanzando los $622.500 millones.
En resumen, ARCA apuesta por un esquema que otorga a los deudores un espacio temporal vital para ordenar sus cuentas, al tiempo que el organismo optimiza la recuperación de fondos públicos a través de mecanismos más flexibles y transparentes. Se busca un equilibrio entre la eficiencia en la recaudación y la previsibilidad para el contribuyente.