Una política que persiste desde 2024
Es importante destacar que este esquema de beneficios para los importadores no es una novedad, sino que rige desde marzo de 2024. A pesar de que el gobierno del presidente ultraderechista sostiene que facilitar la entrada de productos del exterior obliga a los formadores de precios locales a moderar sus pretensiones, los resultados en las góndolas tras casi dos años de aplicación son cuestionables. La lógica de la apertura comercial como herramienta de control de precios parece no haber surtido el efecto esperado en productos críticos.
Precios en alza y perjuicio a la producción nacional
Un ejemplo claro de la ineficacia de esta medida para aliviar el bolsillo de los ciudadanos es el comportamiento del sector cárnico. El precio de la carne subió más del 30% en los últimos meses de 2025, una cifra que no solo alarma por su magnitud, sino porque terminó superando la inflación anual acumulada. Esto demuestra que, aun con facilidades para importar y competir, los precios internos de productos básicos han seguido una trayectoria ascendente imparable.
En este contexto, la medida se percibe como un fuerte detrimento de la producción nacional. Mientras los fabricantes argentinos enfrentan costos internos asfixiantes, el Gobierno insiste en beneficiar financieramente a quienes traen mercadería terminada de afuera. Diversos sectores industriales advierten que esta asimetría genera un perjuicio directo, ya que las empresas locales no compiten en igualdad de condiciones, poniendo en riesgo el empleo y la estabilidad de las fábricas del país frente a una competencia extranjera subsidiada por la quita de adelantos impositivos.
Balanza comercial y trámites digitales
A pesar de las críticas, el Gobierno se apoya en los números de la balanza comercial: durante los primeros once meses de 2025, las exportaciones alcanzaron los US$ 70.235 millones. Este flujo de divisas le otorga al Ejecutivo el margen para sostener la liberalización de las importaciones. Complementariamente, la ARCA ha avanzado en la digitalización de trámites para agilizar el paso por Aduana, tanto para grandes operadores como para ciudadanos particulares, eliminando burocracia en sintonía con el proceso de desregulación que impulsa la gestión nacional.