El presidente Sebastián Piñera alertó que una reforma educacional como la que debate Chile tendrá inexorablemente costo para los contribuyentes, en medio de una puja con los movimientos estudiantiles, cuyos dirigentes insistieron con la realización de un plebiscito sobre el tema. «Nada es gratis en esta vida; alguien tiene que pagar», manifestó Piñera en el acto que encabezó en el Palacio La Moneda para la promulgación de la Ley sobre Calidad de la Educación, consignó el portal de la chilena Radio Cooperativa.
Los estudiantes universitarios y secundarios chilenos fustigaron al gobierno nacional por no presentar ayer una nueva propuesta educativa y traspasar el tema al Congreso, rechazaron conformar una mesa de diálogo y reafirmaron su idea acerca de que un plebiscito podría zanjar la crisis en el sector.
Los estudiantes reafirmaron que continuarán las manifestaciones con cacerolazos nocturnos durante lo que resta de esta semana, una jornada nacional de movilizaciones mañana y un paro nacional con marcha el 18, considerado como la antesala del paro nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, convocado para el 24 y el 25 de este mes.
«Todos quisiéramos que la educación, la salud y muchas cosas más fueran gratis para todos; si le damos educación gratuita al 10 por ciento más favorecido de nuestra sociedad, lo que estaríamos haciendo es que todos, incluyendo los más pobres, con sus impuestos estarían financiando la educación de los más afortunados», dijo el mandatario.
Reafirmando esa lectura, Piñera dijo que el compromiso del gobierno «es que el 40 por ciento de los niños y jóvenes más vulnerables que tengan mérito, tengan acceso a becas, y por tanto, tendrán acceso a la educación superior independientemente de su situación socioeconómica».
El jefe del Estado, quien enfrenta una sostenida caída de popularidad, que se ubica debajo de 30 por ciento, planteó que para avanzar hacia un nuevo modelo educativo será necesario «alejarse de las consignas» e hizo un nuevo llamado a la unidad al considerar que «son muchas más las coincidencias que las diferencias en materia de educación».
La norma promulgada hoy establece una superintendencia y una agencia especial, y forma parte de un paquete de medidas desarrolladas por el gobierno ante la crisis con los estudiantes, que oportunamente consideraron insuficientes las medidas anunciadas.
En la misma línea, el ministro de Educación, Felipe Bulnes, dijo horas antes que en la prolongación de las movilizaciones estudiantiles «se están imponiendo los sectores intransigentes» y acusó a esos grupos de no tener voluntad de diálogo sino de imponerse autoritariamente.
«Buscamos diariamente distintas instancias de diálogo; hay sectores de los estudiantes que consideran que se podría trabajar perfectamente a partir de las 21 medidas que planteó el Gobierno, pero vemos con algún grado de decepción que finalmente se están imponiendo los sectores más intransigentes», dijo Bulnes.
La prédica oficial fue retomada luego de que estudiantes universitarios y secundarios chilenos calificaran al gobierno de Piñera de intransigente por no presentar ayer una nueva propuesta educativa y, en su lugar, traspasar el tema al Congreso.
Asimismo, rechazaron conformar una mesa de diálogo y reafirmaron su idea acerca de que un plebiscito podría zanjar la crisis en el sector, reclamo que plasmaron en una página web.
«Es una demostración más de la intransigencia con la que insiste actuar este gobierno, que no se aplica sólo sobre los estudiantes, sino que repliega en el sentir mayoritario de Chile», expresó el vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, Francisco Figueroa.
El vocero de los estudiantes metropolitanos, Rodrigo Rivera, sostuvo que «es difícil establecer una mesa de diálogo y trabajo, esta estrategia quedó en el pasado».
Y explicó: «En 2006, nuestros compañeros lo hicieron y no quedó en nada». Los estudiantes lanzaron una página web, «La Mayoría Decide» (http://www.lamayoriadecide.cl), que pretende recaudar firmas para demostrarles a las autoridades, según dijeron, lo que quiere el país y donde hasta esta tarde ya se habían sumado más de 18.000 suscripciones.
Ante el nuevo rol que podría tener el Congreso -instalado en la ciudad costera de Valparaíso-, las mesas del Senado y la Cámara de Diputados, encabezadas por el concertacionista opositor Guido Girardi y el oficialista de la UDI Patricio Melero, hicieron una convocatoria a una instancia de dialogo que incluya a todos los actores involucrados, sin exclusiones temáticas.
Si bien la conformación de una mesa de trabajo ya había sido efectuada por el Congreso hace unas semanas, hoy los representantes del Legislativo reiteraron el llamado y reforzaron el mensaje, lo que no tuvo una respuesta formal de los estudiantes.
Para esta tarde estaba previsto que estudiantes de las enseñanzas media y universitaria de Chile volvieran a las calles para realizar jornadas culturales, cacerolazos y clases al aire libre para explicar a la población el contenido de sus demandas.
La jornada había comenzado con nuevos disturbios -menores a la represión policial de las últimas dos marchas- cuando un grupo de encapuchados montó barricadas incendiarias en las inmediaciones de la céntrica sede de la Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM), y fueron reprimidos y desalojados de la calle.
Anoche -a menos de 24 horas desde que manifestantes tomaran la Universidad Católica de la Santísima Concepción-, personal de Fuerzas Especiales de Carabineros desalojó el campus San Andrés, donde 39 personas resultaron detenidas.
Horas después, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ordenó al Ministerio Público iniciar una investigación relativa a los procedimientos adoptados por Carabineros para reprimir la violencia en las manifestaciones estudiantiles y las decisiones de las autoridades competentes, como el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter.