Esta situación, denunciada por el diputado provincial Héctor “Cacho” Bárbaro del PAyS, expone una metodología de ajuste donde la eficiencia técnica se sacrifica en el altar del recorte fiscal, dejando a ciudadanos sin el sustento básico para alimentos y medicamentos.
El problema radica en que el organismo previsional utiliza de manera exclusiva y excluyente los datos migratorios para determinar la residencia, ignorando las particularidades de una provincia de frontera. En Misiones, el tránsito cotidiano hacia Paraguay o Brasil es una realidad laboral y familiar, pero el sistema informático nacional, plagado de errores de carga, cortes de energía y fallas técnicas, interpreta estos movimientos como una residencia en el exterior. Bajo la lógica libertaria de Javier Milei, estas inconsistencias administrativas se traducen automáticamente en la baja del beneficio, invirtiendo la carga de la prueba y obligando al jubilado a demostrar una inocencia frente a un sistema que primero castiga y luego pregunta.
La gravedad del perjuicio social es inmediata, ya que para la mayoría de los afectados, la jubilación o pensión es el único ingreso disponible para la subsistencia mínima. El proyecto de comunicación presentado en la Cámara de Representantes de Misiones exige que los legisladores nacionales intercedan ante la ANSES para frenar este avance contra los derechos adquiridos. Se busca implementar sistemas más flexibles que permitan validar la residencia mediante otros medios de prueba, evitando que un dato mal cargado en un puente o una falla en un servidor se convierta en una sentencia de miseria para un adulto mayor.
Desde la Defensoría del Pueblo ya se había advertido a nivel nacional sobre la peligrosidad de utilizar únicamente los registros migratorios como criterio para definir el acceso a prestaciones sociales. Sin embargo, la administración del presidente ultraderechista Javier Milei parece ignorar estas recomendaciones, profundizando una política de «motosierra» que golpea incluso cuando el motivo de la baja es un error propio del Estado. No se trata de casos aislados, sino de una problemática silenciosa pero extendida que pone en jaque la paz social en las localidades fronterizas de la provincia.
Finalmente, el reclamo del diputado Héctor Bárbaro busca instalar en la agenda pública la necesidad de proteger a los misioneros de una burocracia insensible que prioriza el equilibrio fiscal sobre la vida de las personas. En un contexto de crisis económica galopante, el Estado nacional no puede permitirse castigar a sus ciudadanos por deficiencias en sus propios sistemas informáticos. La lucha por recuperar estas jubilaciones es, en última instancia, una batalla por la dignidad de miles de familias que hoy son víctimas de un sistema que parece diseñado para excluir y desproteger.
