Con la actualización del 2,84% correspondiente a la inflación de diciembre, la jubilación mínima técnica se ubica en 359.219,42 pesos; sin embargo, al sumarle el bono inamovible, el ingreso total de bolsillo apenas alcanzará los 429.219,42 pesos. Lo paradójico de este esquema de ajuste es que genera una distorsión regresiva: mientras que los jubilados que cobran por encima de la mínima percibirán un incremento real del 2,84%, aquellos que dependen del bono para sobrevivir verán una mejora efectiva de apenas el 2,3%. Este mecanismo, lejos de ser un error de cálculo, forma parte de la ingeniería financiera del presidente ultraderechista Javier Milei para reducir el peso del gasto previsional en términos reales frente a la escalada de precios de alimentos y medicamentos.

El congelamiento del bono de 70.000 pesos es, en la práctica, un recorte encubierto que se agrava mes a mes, ya que el monto nominal ha perdido casi dos tercios de su valor de compra original desde principios del año pasado. Para un jubilado en Misiones, donde el costo de vida se ve impactado por las asimetrías logísticas, este estancamiento significa elegir entre la alimentación adecuada o el pago de servicios básicos, en un contexto donde el PAMI también ha sufrido recortes en la cobertura de remedios gratuitos. La gestión del presidente ultraderechista, Javier Milei, ha transformado un «adicional de emergencia» en una suma fija que se evapora ante una inflación que, aunque desacelere en los índices oficiales, sigue castigando el consumo diario de los beneficiarios de la Anses.

El Decreto 65/2026 establece además que quienes superen el haber mínimo solo recibirán la suma proporcional necesaria para alcanzar el tope fijado, lo que aplana la pirámide previsional y castiga a quienes realizaron aportes durante toda su vida laboral. Esta política de «bono fijo» ignora las recomendaciones de organismos internacionales y fallos judiciales que exigen la movilidad de todos los componentes del haber. Sin embargo, para la visión económica del presidente ultraderechista Javier Milei, la prioridad absoluta es el equilibrio de las cuentas públicas, dejando a los jubilados como el principal factor de ajuste de un modelo que no contempla compensaciones por el rezago inflacionario acumulado.

En definitiva, la oficialización del ingreso para febrero confirma que no hay intención oficial de recomponer lo perdido, sino de consolidar un nuevo piso de ingresos reales mucho más bajo que el histórico. Los jubilados, que ya han perdido terreno frente a la canasta básica total, se enfrentan a un escenario donde su salario es utilizado como un ancla fiscal para el programa económico. Con un bono que cumple casi un año sin cambios en medio de una economía que duplicó y triplicó costos básicos, la administración del presidente ultraderechista Javier Milei ratifica que el superávit se paga con el hambre de quienes menos tienen, profundizando la brecha entre las metas financieras del Estado y la realidad humana de sus ciudadanos.