El presidente de Chile, Sebastián Piñera, anunció que descartó la idea de disponer un indulto generalizado y aclaró que sí concederá indultos particulares, pero aseguró que «quedarán excluidos» de esos beneficios quienes cometieron delitos «especialmente graves», entre ellos los de lesa humanidad.
«No es ni prudente ni conveniente en los actuales tiempos y circunstancias promover una nueva ley de indulto general», afirmó el mandatario, días después de que las iglesias católica y evangélicas le presentaran sendas propuestas para indultar presos con motivo del Bicentenario de la Independencia del país.
Piñera señaló que dictará indultos aislados, que analizará en cada caso en forma «prudente y restrictiva» para atender las «consideraciones de carácter humanitario» que le plantearon las iglesias, consignó la agencia noticiosa italiana ANSA.
No obstante, subrayó que «quedarán excluidos de estos beneficios aquellos condenados por delitos especialmente graves, como son los de lesa humanidad, terrorismo, narcotráfico, homicidios, hechos de sangre, violaciones o abusos contra menores y otros delitos de igual gravedad».
La iniciativa de las iglesias había causado un cerrado rechazo entre dirigentes de organizaciones de familiares de víctimas de la última dictadura, abogados de derechos humanos y líderes políticos opositores.
El abogado Roberto Garretón celebró la decisión de Piñera porque así, dijo, «no se rompe el proceso de reconciliación que ha existido en el país con el dictado de sentencias que condenan a personas que violaron derechos humanos».
«Los crímenes contra la humanidad tienen que perdonarlos la humanidad y no una autoridad chilena solamente», agregó.
La presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, aprobó la decisión de Piñera pero advirtió sobre la posibilidad de que el anunciado análisis de cada caso sea usado como subterfugio para beneficiar a algunos violadores de derechos humanos.
«Ha habido rebajas de penas y se puede buscar subterfugios en este caso a caso para que algunos de los 64 sujetos que están cumpliendo condenas no sean considerados como criminales de lesa humanidad», afirmó Pizarro.
El general retirado Rafael Villaroel, presidente del movimiento Chile Mi Patria, que pidió beneficios para militares condenados, dijo que seguirá pendiente de eventuales beneficios carcelarios tras el prometido análisis pormenorizado.
Añadió que Piñera, «como político y presidente de todos los chilenos, verá el beneficio general para el país».
El senador socialista Camilo Escalona calificó de «buena decisión» la adoptada por Piñera de no enviar un proyecto de ley para dar un indulto general.
«Se ha constatado que en la sociedad chilena no hay acuerdo en ninguna de las dos posibilidades: ni para crímenes atroces de la delincuencia común ni para crímenes atroces del terrorismo de Estado», aseveró.
El senador Juan Antonio Coloma, presidente de la gubernamental Unión Demócrata Independiente (UDI), calificó de «prudente y reflexiva» la determinación de Piñera.
«Ha hecho lo que más ha podido siempre considerando los intereses superiores del país, coma la seguridad pública, que es un valor muy relevante, y lo que se pueda hacer en materia de reconciliación que tiene que tener un base de unidad», opinó.
El diputado comunista Lautaro Carmona interpretó la decisión de Piñera como «un gran triunfo del movimiento de derechos humanos que en todas sus expresiones afirmó que bajo ninguna condición aceptaría que por la vía del indulto se impusiera la impunidad».
Piñera anticipó que decretará los indultos particulares «acogiendo el espíritu profundo de las propuestas de las Iglesias y su invocación a los valores de la compasión, el perdón y la reconciliación».