La Legislatura bonaerense sancionó la ley de reforma impositiva que aumenta el impuesto Inmobiliario Rural tras el revalúo de tierras decretado el mismo jueves por el gobernador Daniel Scioli. La norma fue aprobada primero en la Cámara de Diputados y luego se sancionó en el Senado, donde el voto de la senadora de peronismo Federal, Esther Barrionuevo, le permitió al oficialismo conseguir los dos tercios para el tratamiento del proyecto.
Es que tras tres sesiones frustradas, la Cámara de Diputados consiguió este jueves que la oposición le diera quórum al oficialismo para tratar el proyecto con el que el Poder Ejecutivo estima recaudar unos 2.600 millones de pesos, de los cuales casi mil serán girados a los municipios.
El decreto firmado por la mañana por el gobernador Scioli, que estableció el revalúo de los inmuebles rurales, destrabó la situación en Diputados debido a que la oposición se negaba a avalar la actualización de los valores de las tierras.
La medida fija las nuevas valuaciones inmobiliarias para la tierra libre de mejoras de las plantas rural y subrural, y faculta a la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) a aplicar esos nuevos valores para la determinación de los tributos.
En los fundamentos, el gobernador sostuvo que «la correcta valuación fiscal de los inmuebles permite captar la real capacidad contributiva y de esta manera consolidar la equidad del sistema tributario provincial, eje central en la política del gobierno».
Además, explicó que «la falta de actualización del valor de la tierra rural es un problema estructural de la provincia», y recordó que «la única valuación fiscal importante fue realizada en 1955, en oportunidad de llevarse adelante el primer catastro».
La medida adoptada por Scioli motivó que unos 500 ruralistas se concentraran frente a la Legislatura, donde derribaron un vallado y arrojaron huevos sobre el ingreso principal.
Además, resolvieron iniciar un lockout patronal y cese de comercialización desde el sábado hasta el domingo 10 de junio, según explicó el dirigente de Carbap, Pedro Apaolaza.
Durante su exposición en el recinto, el presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Darío Golía, aseguró que el proyecto «tiene la finalidad de fortalecer los recursos de la provincia y los municipios», y sostuvo que la necesidad de financiamiento «es para cumplir con servicios indispensables y con la pauta salarial».
En su exposición, el legislador explicó que la norma consta de 3 partes que son «la reforma impositiva, el financiamiento para la provincia y el fortalecimiento de los municipios» y aseguró que el revalúo de las tierras «tiene un claro criterio de equidad, productividad y progresividad».
Golía argumentó que la nueva valuación debió aplicarse por decreto «a pesar que había un acuerdo en esta legislatura para avanzar en ese tema tal como se hizo con el Inmobiliario Urbano y el Automotor».
«Hoy, en términos fiscales, el valor de toda la tierra de la provincia de Buenos Aires es de 20.500 millones de pesos, menos de la mitad del parque automotor con un valor promedio de 1.050 pesos por hectárea», graficó.
Ejemplificó además que hoy el propietario de un Peugeot 206 modelo 2008 paga por el impuesto automotor unos 1.500 pesos anuales, o uno con un Ford Focus unos 3.000 pesos, mientras el valor «promedio de inmobiliario por hectárea es de 44 pesos por año».
Precisó que la nueva ley «elimina los coeficientes correctivos que se aplicaban al inmobiliario rural debido a que hace décadas que no se hace un revalúo» y detalló que para la nueva base imponible «se aplica un sistema de valor óptimo y un índice de aptitud productiva que diferencia las distintas zonas y la productividad que tienen los campos».
Golía ratificó que el incremento del impuesto no afectará al 62 por ciento de las partidas rurales y que el aumento promedio «rondará el 40 por ciento con lo que se estima recaudar unos 450 millones de los cuales 158 van a los municipios».
El diputado sostuvo que el impuesto Inmobiliario Rural «representa el 1 por ciento de los recursos totales de la provincia cuando en la década del 90 era del orden del 9 por ciento».
La nueva ley impositiva contempla una serie de medidas con las que el Poder Ejecutivo estima recaudar unos 2.600 millones de pesos de los cuales casi 1.000 millones serán girados a los municipios.
La norma, contempla una serie de medidas impositivas con las que el Poder Ejecutivo estima recaudar unos 2.600 millones de pesos de los cuales casi 1.000 millones serán girados a los municipios.
Además, autoriza al Poder Ejecutivo a contraer un nuevo endeudamiento de 2.400 millones de pesos y modifica las alícuotas del impuesto a los Ingresos Brutos y Sellos para determinadas actividades.
En Diputados, contó en su totalidad con el apoyo de la bancada del Frente para la Victoria y Nuevo Encuentro y fue rechazado por la oposición que, en parte, sólo avaló los artículos referidos al endeudamiento para los que se requerían los dos tercios de los diputados presentes.
En tanto, en el Senado, donde le oficialismo cuenta con mayoría propia, el voto de la senadora del Peronismo Federal le permitió lograr los dos tercios no sólo para ingresar fuera de hora el proyecto, sino también para sancionar la norma.
La senadora oficialista, Nora De Lucía, aseguró que el decreto firmado por el gobernador «vino a ratificar algo que estaba claro: la voluntad del titular del poder Ejecutivo de decir los valores óptimos de la Provincia de Buenos Aires».
La ley, aumenta la alícuota en Ingresos Brutos a grandes contribuyentes de comercio y servicios, aquellos que facturan más de 40 millones de pesos al año, por lo que no afecta al 70 por ciento de los comercios, según detalló una fuente de la cartera de Economía.
Además se elimina la exención de ese impuesto a los prestadores de videocable, para equiparar su tratamiento con el resto de las actividades económicas, exención que existía desde hace 10 años en la provincia.
También se eleva en un punto la alícuota para los sectores de telefonía y bancos y se aumenta el impuesto de Sellos para equipararlo al resto de las provincias.
El aumento en Ingresos Brutos fue uno de los puntos cuestionados por la oposición, fundamentalmente por el Frente Amplio Progresista que consideró que Buenos Aires «sigue siendo la de mayor presión tributaria del país», según sostuvo el diputado Abel Buil.