El vicepresidente de Bolivia, Alvaro García Linera, calificó de «fuerzas oscuras» y «golpistas» a grupos policiales de baja graduación que no aceptaron el acuerdo firmado esta madrugada y mantienen su protesta, pero el gobierno dejó abierta la posibilidad de mejorarlo.
El vicepresidente denunció que policías de baja graduación, liderados por «ex oficiales vinculados a partidos políticos o con pasado político, que impulsa un motín en cinco de las principales nueve ciudades de Bolivia, impide el trabajo de las instituciones del Estado, y asedia el Palacio de Gobierno».
Se trata de «fuerzas oscuras» con fines «golpistas», denunció, citado por la agencia estatal ABI, al asegurar que «la Cancillería está bloqueada, la Asamblea Legislativa está amenazada, sin resguardo (y) el Palacio (de Gobierno) está siendo permanentemente asediado».
Linera dijo que la huelga por mejoras salariales «trocó en conspiración, y llamó a suboficiales y clases a retornar a sus fuentes de trabajo, luego de destacar que el aumento salarial otorgado supera los 2.000 bolivianos de básico que demandaban.
Puntualizó que se trata de «infiltrados» en las líneas de los inconformes con sus salarios, que tienen filiación política en la opositora Unidad Nacional (UN), liderada por el empresario Samuel Doria Medina.
El pasado jueves, los policías de baja graduación iniciaron una movilización en todo el país en demanda de una nivelación salarial con los militares; la anulación de la Ley 101 de Régimen Disciplinario; la creación de la Defensoría del Policía y la jubilación con el 100 por ciento del último haber mensual, pliego que fue atendido favorablemente por el gobierno.
El vicepresidente agregó, citado por el diario digital Erbol, que «el gobierno respetó la representación de los movilizados, con los cuales firmó un acuerdo y bajo ninguna presión», como denunció posteriormente, la representante de las esposas de los policías, Guadalupe Cárdenas, la que también fue desmentida por la presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, Teresa Subieta, participante del acuerdo.
«Desde el viernes hasta el domingo nos reunimos con sus representantes (de los policías), ninguno fue forzado, ninguno fue elegido por el gobierno, lo movilizados dijeron ‘estos son nuestros representantes’ y fueron a dialogar, consultaron y firmaron el documento y se abrazaron, estaban contentos», afirmó.
Por eso, García Linera, dijo que «no reconocerá a la nueva comisión negociadora de los policías amotinados» tras el rechazo del acuerdo alcanzado esta madrugada.
Sin embargo, la ministra de Comunicación y vocera presidencial, Amanda Dávila, dijo, citada por el diario paceño La Razón, que «la posibilidad de mejores ingresos podía ser negociada», pero que el gobierno considera que los demás puntos han alcanzado una solución.
La situación de la seguridad pública tiende a agravarse, porque junto a la huelga policial, mañana llegará a La Paz, la IX Marcha del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) en reclamo del rechazo a la construcción de una ruta por esa reserva natural y a la consulta que promueve el gobierno entre sus comunidades para definir si se hace o no esa obra.
Los marchistas ingresarán mañana a la Plaza Murillo, frente a la sede del gobierno y del Legislativo, y se aprestan a permanecer allí en vigilia, donde esta mañana se produjeron agresiones de policías enmascarados contra mujeres campesinas que se habían movilizado en apoyo al gobierno del presidente Evo Morales.
Precisamente, el vicepresidente afirmó que los uniformados que aún permanecen amotinados «intentan vincular la protesta policial con la marcha del Tipnis, convocada por la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob)».
Ante esta panorama, García Linera aseguró que el «gobierno no cederá a esas provocaciones que buscan muertos y quieren ensangrentar a la familia boliviana».
En tanto, noticias llegadas desde Cochabamba y citada por la agencia Prensa Latina, aseguraban que el Comando General de la policía de esa ciudad, la tercera en importancia del país, fue tomado por los sublevados, quienes advirtieron que emprenderían medidas más radicales.
