Usina Producciones habría sido creada exclusivamente para facturarle al Gobierno porteño y brindó servicios a la Ciudad que no están contemplados en su razón social, de los que además no tenía experiencia.
La empresa Usina Producciones, del periodista y primer candidato a diputado del PRO en la provincia de Buenos Aires, Fernando Niembro, fue creada en mayo 2012 e inmediatamente, sin contar con ningún tipo de experiencia acreditada ni servicios prestados a otros contratistas, celebró 15 contratos con el gobierno porteño por $ 420mil, según se desprende del acta constitutiva de la firma y de la documentación revelada sobre las contrataciones.
En mayo del 2012 el capital social de la empresa era de $10 mil dividido en partes iguales entre Niembro y su socio, Alberto Meza.
Su primer contrato lo obtuvo a pocos días de crearse la sociedad, lo cual genera sospechas sobre si la empresa no fue creada exclusivamente para facturarle al gobierno de Mauricio Macri.
Según se desprende de su acta constitutiva, la empresa creada por Niembro tiene como objeto social «la realización y producción de actividades periodísticas y publicitarias» en diferentes formatos, lo cual entra en contradicción con el servicio de «encuestas» que brindó a la Ciudad de Buenos Aires.
El total facturado en los tres años desde su creación por el servicio de «Encuestas» – que la empresa no estaría habilitada a realizar por no ser parte de su objeto social – asciende a $7.038.490 millones.
Dicho monto resulta de la suma de los contratos que figuran en la grilla de más de 170 contrataciones bajo los ítems de «Encuestas», así como también los de «1) Auditorías, 2) Contratos Basura; 3) Servicios de instalación y puesta en funcionamiento de planta para tratamiento de efluentes y 4) Servicios de higiene urbana» que se presume estarían relacionados con la realización de sondeos.
De este modo, queda expuesta una doble irregularidad en cuanto a que la empresa de Niembro no podía ofrecer un servicio (el de encuestas) por estar por fuera de su objeto social, a la vez de que el GCBA no podía contratar a una empresa un servicio que dicha empresa no tenía capacidad de prestar en forma legal.
Asimismo, es llamativo que en su primer año de vida la administración macrista haya pagado $500 mil a una empresa sin experiencia y más aún el que la cifra se multiplique por 20 ascendiendo a $9 millones en un año.
Fuente MinutoUno