La Cámara de Diputados de Uruguay rechazó finalmente la anulación de la Ley de Caducidad, que en la práctica impidió el juzgamiento de militares y policías que violaron los derechos humanos durante la última dictadura (1973-1985).
El debate duró 14 horas y la votación terminó empatada en 49 ante la prevista deserción del oficialista Víctor Semproni, quien argumentó no estar de acuerdo con la solución que había elegido su partido, el gobernante Frente Amplio (FA) e impidió alcanzar la mayoría necesaria.
Según reseñan Ansa y DPA, Semproni fundamentó en contra y se retiró de la sala para impedir la votación de la «ley interpretativa» de la norma conocida como Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, por la cual se desiste de acusar a quienes asesinaron, secuestraron y torturaron durante el gobierno de facto.
«Me voy a comer algo dulce para ahogar las penas», dijo Semproni al salir de la sesión, en medio del abucheo del público que siguió la sesión que se inició ayer a las 19 y terminó hoy a las 5.30.
De esta manera, continua vigente la ley 15.848, votada en 1989 y ratificada en plebiscitos de 1989 y 2009, que bloquea algunas investigaciones pero permite juzgar otros delitos como el secuestro de niños y acciones en las que hayan participado civiles.