El fiscal federal subrogante que tiene a su cargo investigar si hubo negligencia o algún tipo de responsabilidad en la muerte de ocho deportistas durante la edición 2010 de la competencia de natación «cruce del río Paraná», solicitó al Juzgado Federal que se recepcione decenas de testimoniales y se soliciten informes sobre los organizadores de la prueba, quiénes tenían a su cargo la seguridad y otros detalles vinculados a la carrera.
Fuentes judiciales dijeron que el fiscal Andrés Stuber busca así obtener la mayor cantidad de elementos de prueba antes de definir si imputa algún delito a los organizadores o a los responsables del operativo de seguridad: la Prefectura Naval.
En principio, está previsto que declaren los familiares y también los marineros que ese día vigilaban el desarrollo de la prueba. Además, se pedirán informes sobre el estado climático y las condiciones que presentaba el río Paraná, quién o quiénes son los propietarios de las barcazas que terminaron succionando a competidores y acompañantes.
Stuber fue designado fiscal «ad hoc» en esta causa debido a la inhibición de la fiscal Graciela Costa, luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenara que la Justicia Federal se hiciera cargo de la investigación del hecho.
En principio, los familiares de las víctimas recordarán un nuevo aniversario de la tragedia sin que el expediente tenga personas imputadas, aunque sí un avance importante, ya que Stuber pidió que el caso se caratule como homicidio culposo múltiple e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El hecho ocurrió el enero de 2010, cuando un grupo de nadadores y sus acompañantes fueron arrastrados por la corriente del río Paraná debajo de cuatro barcazas que se hallaban ancladas en aguas jurisdiccionales paraguayas. El hecho se cobró la vida de ocho personas y varias salvaron sus vidas casi por milagro.
En un primer momento fue la Justicia paraguaya la que inició la investigación, pero luego el fiscal desistió de continuar con el proceso judicial al enterarse que el juez de Instrucción Fernando Verón había abierto una casua paralela.
La fiscal Amalia Spinnato planteó la incompetencia de la Justicia Ordinaria y los camaristas del Tribunal Penal 2 le dieron la razón y ordenaron que la causa pasara a la Justicia Federal. El juez de ese fuero, Ramón Claudio Chávez no aceptó la inhibición y el expediente recaló en la Corte, que le dio a la razón a Spinnato.
Cuando el expediente volvió a Posadas, fue la fiscal federal Graciela Costa quien se inhibió y fue necesario recurrir a un fiscal «ad hoc» para poder avanzar con la investigación.
Uno de los querellantes, Franco Bacigalupi, expresó que espera que se convoque a prestar declaración a todos los funcionarios de Prefectura que estuvieron involucrados en el operativo de seguridad y también a los testigos que todavía no prestaron declaratoria. Bacigalupi alertó contra la posibilidad de que el juzgado vuelva a llamar a personas que ya han declarado, porque esto demoraría el proceso judicial
Bacigalupi comentó que «sabemos que los funcionarios de prefectura citados no son los oficiales de alto rango (que estaban afectados al operativo de seguridad), sino que son los suboficiales y los cabos, (pero) esperamos que vayan llamando de a poquito a todos los funcionarios de la Prefectura», especialmente, al personal jerárquico responsable por el -según los familiares- defectuoso operativo de seguridad.
Sin embargo, Bacigalupi alertó sobre los tiempos de las declaratorias. «Esperamos que no vuelvan a llamar a los ya citados,» porque se demoraría mucho en las investigaciones, «son tres días para las citaciones, y son 47 participantes», expresó.
Bacigalupi, quien confirmó que los familiares son querellantes en esa causa, señaló que esperan que brinden su testimonio todos los implicados, pero especialmente los que no dieron su testimonial en su momento.
Consultado sobre la información que trascendiera desde el juzgado, que señala que las testimoniales continuarán hasta el 2012, Bacigalupi manifestó que de acuerdo a los que les dijo el Juez Chávez, antes de la finalización del año tendrían algún tipo de definición, aunque no la elevación a Juicio. «Nuestra intención es que la causa llegue a juicio oral, y que se haga pública, hemos suspendido la marcha por pedido de justicia, porque vemos que la justicia avanzó, pero es muy probable que montemos una carpa para recordar a los desaparecidos y para brindar todo el apoyo a la justicia», consignó.
«Entramos como querellantes entonces esto va a ayudar a que tengamos acceso al expediente», manifestó Bacigalupi, quien aclaró que los familiares de las víctimas creen que «hay muchos participantes que no declararon todavía y que pueden aportar cosas. No todos salieron del puerto, prefectura dice que sí pero no es así. Tenemos gente que salió dese la costanera y desde un poco más arriba, así que creemos que ellos son los testigos principales», comentó.
El querellante ratificó que La Corte Suprema de Justicia de la Nación determinó que la Prefectura Naval Argentina es el organismo encargado del la seguridad el día en que se produjo la tragedia, es decir, es ese organismo el que tenía que dar el aval y que autorizó que se largue la competencia en aquel día fatídico.
Finalmente, Bacigalupi expresó que las pruebas más contundentes que los querellantes tienen sobre el deficiente operativo de seguridad, son las filmaciones sobre lo ocurrido. Pero además cuentan con declaraciones de testigos que precisan que la Prefectura no tenía el combustible necesario para abastecer a las lanchas afectadas al rescate de los nadadores.
