Las Comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto emitieron dictamen favorable para la iniciativa que modifica la ley sobre prevención y sanción de la trata de personas, que mañana será debatida en el recinto de la Cámara baja. La Cámara de Diputados está convocada para sesionar este miércoles, con el objetivo de convertir en ley el proyecto que modifica la ley sobre prevención y sanción de la trata de personas, que esta tarde recibió dictamen de las comisiones de Legislación Penal, Familia y Presupuesto.
El texto, que endurece severamente las penas para ese delito y ya cuenta con sanción del Senado, recibió el apoyo unánime de todos los bloques de la Cámara baja, en un plenario de comisiones que se extendió por poco más de dos horas.
Así se obtuvo un único dictamen encabezado por las firmas de los diputados del oficialista Frente para la Victoria; en tanto que los bloques opositores acompañaron aunque cuestionaron los motivos que llevaron a que el tema debiera ser incluido en sesiones extraordinarias.
Si bien se terminará de definir en las próximas horas, fuentes parlamentarias estimaron que la sesión se iniciará al mediodía y que, debido a la cantidad de diputados interesados en dejar expresadas sus posiciones sobre el tema, se extendería hasta pasada la medianoche.
En el inicio del debate en el plenario de comisiones, el presidente de Legislación General, Oscar Albrieu (Frente para la Victoria) anticipó la decisión política de su bancada: «Hemos tomado la decisión de votar y emitir dictamen de la media sanción del Senado sin modificaciones».
Tras enumerar los cambios que propone el proyecto, el diputado sostuvo que estas modificaciones «significan la continuidad de una política de protección de sectores vulnerables que son víctimas de trata».
«Se trata de continuar con una política que empezó en 2008 con la sanción de la ley de trata de personas», Oscar Albrieu.
Además, el titular de la comisión de Legislación Laboral, Héctor Recalde, instó a respaldar el texto, ya que dijo que «a partir del fallo de la justicia tucumana (en el caso Marita Verón) hay un clamor popular para que los diputados resolvamos» y precisó que el proyecto aprobado por el Senado «sin dudas mejoró la ley».
A su turno, el titular del bloque de diputados del radicalismo, Ricardo Gil Lavedra, anticipó el respaldo de la UCR al proyecto, al sostener que «estamos frente a uno de los peores delitos» y afirmó: «Queremos que la ley salga. Vamos a acompañar el dictamen de la mayoría y vamos a hacer observaciones».
También, el diputado del Frente Peronista, Gustavo Ferrari, dijo que ese bloque apoyará el dictamen «con disidencias que buscan mejorar la iniciativa».
Desde el Frente Amplio Progresista (FAP), la diputada de Unidad Popular, Liliana Parada, dijo que estar «totalmente de acuerdo en el tratamiento del tema. Pero estamos mal cuando vamos detrás del clamor, de lo que quiere la gente, porque nosotros tendríamos ver los temas antes».
El debate del proyecto fue incluido en el temario de convocatoria a sesiones extraordinarias del Congreso enviado la semana pasada por el Poder Ejecutivo, luego de conocerse el fallo de la justicia tucumana que absolvió a los 13 acusados por el secuestro y desaparición de Marita Verón, víctima de una red de trata de personas.
Tras ese fallo, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner se comprometió «a seguir acompañándo» a Susana Trimarco, la mamá de Marita, en la lucha contra los responsables de la trata de personas.
El proyecto que recibió dictamen hoy cuenta con media sanción del Senado y contempla ampliar las condenas para los delitos de explotación sexual simple entre 2 y 4 años, mientras que la agravada establecía penas de prisión de 5 a 15 años cuando las víctimas hubiesen quedado embarazadas o fueran menores de edad.
La modificación plantea más derechos para las víctimas porque, además de buscar condenar a los culpables del delito, intenta dar un salto en la prevención.
Para las víctimas que tienen que testificar en un juicio, la nueva propuesta modifica el Código Procesal Penal para que las declaraciones sean realizadas por un psicólogo designado por el tribunal y en ningún caso por las partes.
Otro de los puntos principales de la modificación es que el consentimiento de la víctima no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal para los autores del delito.
Además, ordena la creación de un registro de estadísticas, sobre la base de un sistema sincronizado de denuncias que deberá resguardar los datos durante 10 años, con fines de investigación; y la penas de las penas.