Brasil se mantenía en máxima tensión, con la policía custodiando edificios, bancos y tiendas en las principales ciudades del país, por temor a nuevos desmanes en las marchas convocadas en 80 ciudades, a pesar de que ayer se derogaron los aumentos de las tarifas de transportes en 12 de ellas, mientras ya había enfrentamientos en Salvador de Bahía.
La presidenta Dilma Rousseff aplazó para sin fecha su anunciado viaje oficial a Japón que tenía previsto realizar la próxima semana, para estar al frente de la situación, informaron fuentes de la Presidencia citadas por las agencias EFE y la estatal ABR.
La jefa del Estado también canceló una visita que tenía prevista para el jueves a Salvador, a pedido de las autoridades del estado Bahía, donde esta tarde la policía reprimió a unos 10.000 manifestantes que pretendían acercarse al estadio Fonte Nova, donde se aprestaban a jugar Uruguay y Nigeria un partido clave por el pase a la semifinal de la Copa Confederaciones.
Según el portal Web del diario O Globo, más de un millón de personas confirmaron su participación en las protestas de hoy a través de las redes sociales, plataforma en la que se coordinaron las múltiples protestas que sacuden a Brasil en momentos en que se juega en el país la Copa Confederaciones de fútbol.
TV Globo informó que efectivos de la Fuerza Nacional de Seguridad Pública y de la Tropa de Choque de la policía militarizada reprimieron con balas de goma, bombas de gas lacrimógeno y spray pimienta a los manifestantes, que intentaban aproximarse al estadio.
El conflicto tuvo inicio en las proximidades de la principal terminal de ómnibus de la capital de Bahía, precisó un despacho de la agencia DPA.
Además de la Fuerza Nacional -policía que depende del gobierno federal- y el batallón de choque de la policía militarizada -que depende de la gobernación provincial-, participaban de la acción la tropa de Caballería, mientras cinco helicópteros policiales sobrevolaban la región.
Las manifestaciones también obligaron al vicepresidente Michel Temer a cancelar una visita oficial que había iniciado esta semana a Israel y regresar de inmediato al país.
Las protestas comenzaron la semana pasada en San Pablo, exclusivamente contra la subida de las tarifas del transporte público, pero fueron añadiéndose otras reivindicaciones, como el reclamo de mayores inversiones en salud y la educación públicas, y críticas a los elevados gastos del Gobierno para organizar eventos como el mundial de fútbol de 2014.
El lunes, una multitudinaria marcha en Río de Janeiro culminó con una invasión a la sede de la Asamblea Legislativa, que quedó parcialmente destruida, por lo que para hoy las autoridades pusieron barreras de protección en todos los edificios considerados «sedes del poder» por los grupos minoritarios que protagonizan los destrozos.
Tras estos hechos, que se replicaron en San Pablo y Brasilia, Rousseff dijo el martes que «la voz de la calle tiene que ser escuchada» y elogió el espíritu democrático de los manifestantes, de quienes dijo que han «enviado un mensaje directo a los gobernantes».
«Las manifestaciones comprueban la grandeza de nuestra democracia y el civismo de nuestra población» y suponen «un mensaje directo a los gobernantes en todas las instancias», aseguró.
Desde entonces 12 alcaldías, incluyendo las de San Pablo y Río, ya anunciaron la anulación de los aumentos en los pasajes de colectivo, subte y tren, pero los manifestantes mantuvieron sus convocatorias en al menos 80 ciudades «para que el pueblo festeje», según dijo el paulista Movimiento Passe Livre (MPL), convocante originario de la protesta en la mayor ciudad del país.
La decisión de gobernantes provinciales y municipales, tanto oficialistas y aliados como opositores, de «ceder» a esa primera demanda popular, fue criticada hoy por analistas locales, quienes piensan que puede convertirse en un «tiro por la culata».
«¿A dónde nos lleva esto? ¿Cuál es el sentido de estas protestas y qué pueden hacer por nosotros?», se preguntó el columnista del diario Folha de Sao Paulo Hélio Schwartsman, quien dijo que se reservaba «el derecho de guardar una saludable dosis de escepticismo» respecto de lo beneficios de, en este caso, la baja de la tarifa.
Esa crítica coincidió con la esbozada por el MPL, que alertó que su idea siempre fue que la reducción de la tarifa fuera compensada con una correlativa reducción de la rentabilidad de los empresarios del transporte.