La Cámara Federal porteña dispuso la excarcelación del ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, Sergio Schoklender, pero para hacerla efectiva deberá depositar 4 millones de pesos. El monto de la caución, que deberá cubrirse en efectivo o mediante alguna propiedad en garantía, fue fijada esta tarde por el juez federal Norberto Oyarbide, a cargo de la causa por presunto desvío de fondos estatales para la construcción de viviendas sociales de la Fundación.
Oyarbide fijó el mismo monto de la fianza que la semana pasada ya había dispuesto para Pablo Schoklender, detenido en el marco de la causa junto al contador Alejandro Gotkin, quien recibió una fianza de 2 millones, aunque ambos permanecen detenidos en el penal de Ezeiza por no haber podido cubrir la garantía.
Tanto Pablo Schoklender como Gotkin apelaron los montos de fianza ante la Cámara Federal, que había ordenado la libertad de ambos.
El Tribunal de apelaciones revocó así una decisión del juez federal Norberto Oyarbide, quien detuvo a los tres acusados de integrar una «asociación ilícita» el 15 de mayo pasado y les negó la excarcelación.
La sala I de la Cámara, con el voto favorable de los jueces Eduardo Freiler y Eduardo Farah y la oposición de Jorge Ballestero, calificó hoy de «irrazonable» que Sergio Schoklender permanezca detenido ante el proclamado peligro de que entorpezca la investigación o amenace de testigos.
Las medidas de prueba pendientes buscan establecer cuánto dinero recibió la Fundación desde el Estado y si existe una cuenta en el exterior del país donde pudo concretarse el desvío de fondos.
«Ninguna de las razones sobre las que se pretende basar la resolución resulta novedosa en el proceso ni se ha manifestado ahora por primera vez en el legajo», sino que todas ellas existían» desde mucho tiempo atrás en la causa, argumentó la Cámara al descartar riesgo de fuga o entorpecimiento de la pesquisa.
El defensor oficial Martín Hermida, que mañana deberá comenzar a gestionar el pago de la caución o la apelación, entregó hoy en la Cámara copias de una causa penal en Chaco donde se investigaron amenazas e intimidaciones a trabajadores del obrador «Campo de Tiro» de la Fundación.
En la documentación constaría que muchos de los testigos declararon que el ex apoderado nunca los amenazó y quién sí lo hacía era el encargado local de la obra Emerenciano Sena, y su esposa, a quienes si acusaron de «malos tratos, amenazas y explotación laboral».
Oyarbide había fundado su negativa a la libertad en esas amenazas de Sergio Schoklender, imputado como supuesto «jefe» de la asociación ilícita organizadas con su hermano Pablo y el presidente de la firma Meldorek, Gotkin, para el beneficio propio con fondos sociales.
«Las constancias de la causa evidencian una realidad distante» a la narrada por Oyarbide y «por tanto incapaz de avalar el temperamento adoptado», entendió el camarista Ballestero al votar en sintonía con Freiler.
«Resulta ineludible destacar que desde el inicio de las actuaciones, el 1 de junio de 2011, hasta que el instructor decidió ordenar su detención el 15 de mayo», Schoklender «ha transitado el proceso en libertad. Casi 12 meses han transcurrido desde entonces, y durante ese período se llevaron a cabo innumerables medidas de prueba que motivaron la formación de más de 130 cuerpos de actuaciones», agregó Freiler.
Oyarbide fijó para el 6 de julio la declaración indagatoria al financista Fernando Caparrós Gómez, imputado por «encubrimiento de lavado de dinero», un día después de que Sergio Schoklender complete la ampliación de su indagatoria.
En tanto el fiscal Jorge Di Lello, reclamó al magistrado que imprima más celeridad a la investigación y en un escrito le advirtió sobre «la necesidad de no dilatar más esta instrucción, que lleva más de un año, debido tanto a la complejidad de la maniobra como a los modos peculiares en que se desarrollan las actuaciones», según el texto al que accedió Télam.
Otro financista citado, Daniel Laurenti, se presentó a la indagatoria, aportó un escrito donde deslindó responsabilidades al asegurar que los cheques cambiados de la Fundación respondían a la misma operatoria que se hace con otras empresas y «estaba dentro de lo normal» y se negó a contestar preguntas.