Se aprobó en la sesión del jueves el proyecto del diputado Carlos Rovira para declarar de interés provincial las acciones administrativas y judiciales que la Defensoría del Pueblo y el Concejo Deliberante de Posadas impulsan contra empresas de telefonía celular e Internet móvil, por reiterados cortes y deficiencia en la prestación del servicio y malos tratos a los usuarios. En los fundamentos de la iniciativa, que fue acompañada por los integrantes del Bloque Renovador, los legisladores hacen referencia al corte de servicio de las empresas prestadoras que tuvo lugar el 12 de junio. «Como otras tantas veces, las empresas denunciadas no prestaron por varias horas servicio alguno a sus abonados, lo que ha generado interrupción de las actividades tanto en el sector público como privado, provocando un perjuicio no sólo económico sino de gestión», señalan.
«Sumado a ello, la falta de información al respecto, y el destrato recibido por los usuarios al momento de efectuar los reclamos, ha desencadenado innumerables quejas por estos actos, que se constituyen en flagrante violación a la ley de defensa del consumidor», remarcaron.
«No sólo procedieron de la manera descripta las empresas denunciadas, sino que tampoco han informado a los usuarios de la devolución del importe del servicio no prestado; es más, han negado que les corresponda ello, resultando esto de suma gravedad por la continuidad de los incumplimientos y la exigencia del pago del servicio como si éste resultara óptimo», advirtieron.
También describen a la situación como un «abuso» por parte de las compañías prestatarias, «quienes además de brindar un pésimo servicio exigen estar al día en el pago de las tarifas, ya que de lo contrario se produce el corte del servicio. Esta circunstancia merece el reproche social y también la intervención de las autoridades administrativas y judiciales a fin de determinar las responsabilidades, aplicar las multas correspondientes, pero por sobre todo obligar al reintegro de las sumas abonadas en los días en que no se prestó el servicio, y a regularizar y optimizar el mismo», sostuvieron.
«La situación en que se encuentran los abonados de estas empresas resulta gravosa y sumamente preocupante, por lo que la intervención de la Defensoría del Pueblo y el Concejo Deliberante mediante las acciones que se llevan adelante, y la posibilidad de canalizar a través suyo las inquietudes y los reclamos, con el debido asesoramiento, evidencian la presencia activa de un Estado al servicio del ciudadano», enfatizaron.