La parte resolutiva de la sentencia se dará a conocer este miércoles a las 18 en un lugar a confirmar. Son juzgados cinco imputados, por delitos cometidos en tres centros clandestinos de detención, entre los cuales resalta la jefatura de la Policía de Misiones. El Tribunal Oral Federal de Posadas dio inicio el lunes a los alegatos en el juicio oral que se realiza en Misiones por crímenes contra los derechos humanos, cometidos en tres centros clandestinos de detención que funcionaron en esta provincia. Está previsto que los jueces Rubén Quiñonez, Eduardo Ariel Belforte y Norberto Rubén Giménez den a conocer este miércoles la sentencia. Son juzgados Carlos Omar Herrero, Felipe Nicolás Giménez, Guillermo Roque Mendoza, Julio Argentino Amarilla y Carlos Alberto Pombo. Las condenas irían de los 15 a 25 años de prisión efectiva.
Los querellantes representantes del Estado nacional y provincial y la fiscal coincidieron en pedir una pena de 25 años de prisión para Carlos Omar Herrero (80), jefe de la Policía de Misiones en el inicio de la última dictadura y Felipe Giménez (75), ex jefe de la dirección de Informaciones, como autor y coautor de privaciones ilegítimas de la libertad, sin orden judicial contra dirigentes políticos, uso de violencia, amenazas y tormentos en 42 hechos y cuatro violaciones contra Susana Benedetti, Graciela Franzen, María Silvia Coutuné y Nilda Frield.
Asimismo, pidieron 15 años de prisión para el médico Roque Mendoza -quien está acusado de «supervisar las torturas»- por ser considerado partícipe primario de los mismos delitos, además de privación y tormentos. Por Julio Amarilla, ex agente de Informaciones, pidieron 20 años de prisión por partícipe necesario de privaciones y tormentos contra políticos y para Carlos Pombo, también ex agente de Informaciones, 15 años por privación ilegítima de la libertad agravada ilegítima y tormentos agravados por persecución política. En todos los casos, solicitaron que las condenas sean cumplidas en cárceles comunes, por la gravedad de los hechos.
En dos alegatos bien extensos, la querella de la Provincia, ejercida por Juan Martínez y la Nación, a cargo de Rafael Pereyra Pigerl, apuntaron a que los cinco ex funcionarios policiales que están siendo juzgados por delitos de Lesa humanidad como torturas, violaciones, privaciones legitimas de la libertad en alrededor de 40 personas, son los culpables y que los testimonios de las víctimas y las pruebas que hay bastan para condenarlos.
En este sentido, lo que se le pidió a los jueces encargados de dictaminar la sentencia, Rubén Quiñónez, Eduardo Belforte y Norberto Rubén Giménez, es que Carlos Herrero, jefe de Policía desde junio hasta noviembre de 1976 que sea penado con 25 años de prisión por encontrarlo autor de los hechos con características de tormentos agravados, privación ilegítima de la libertad y violación a las mujeres que eran recluidas en un centro clandestino de tortura que funcionaba en el departamento de Informaciones de la fuerza de seguridad provincial. La misma cantidad de años pidió para Felipe Giménez, responsable de aquel sector policial y por ende coautor de los mismos hechos, a quien además en su legajo se encontró felicitaciones del mandamás del momento de la fuerza de seguridad por su desempeño en la institución, lo que da por hecho que se sabía perfectamente lo que pasaban con las personas recluidas.
En el caso del médico de la institución, Guillermo Roque Mendoza, que ingresó como oficial y por sus conocimientos en medicina, se hizo cargo del sector de servicios sociales en donde habitualmente están los galenos y enfermeros de la policía. Al parecer y según los alegatos de la querella, Mendoza certificaba si el torturado podía seguir resistiendo los aberrantes castigos a los que era sometido, como ser picaneado con artefactos eléctricos y golpes de todo tipo y abusos sexuales en caso de las mujeres.
Para Julio Amarilla, agente de Policía y con prestación de servicio en la Dirección de Informaciones, pidieron 15 años de prisión por partícipe necesario de tormentos agravados mientras que a Pombo, de la misma jerarquía, lo consideraron como un gran torturador, a tal punto que en los momentos que no jugaba al fútbol en Atlético Posadas y había decidido ser Policía, nadie sabía lo que realmente hacía.