El titular de la AFSCA aseguró que los abogados del Grupo Clarín «seguramente se dieron cuenta que hacer una denuncia contra periodistas era una locura y por eso ahora niegan haberlo hecho».
Martín Sabbatella se refirió a un comunicado de los abogados del multimedios en el que intentaron aclarar el hecho y sostuvo que «ahora dicen que no hicieron lo que en verdad hicieron, como muchas veces dicen que alguien dijo lo que nunca dijo, pero lo cierto es que la denuncia para meter presos a periodistas fue hecha y seguramente se dieron cuenta de que era una locura».
«Con este hecho absolutamente repudiable, una vez más queda al descubierto cuáles son sus verdaderas ideas. Lamentablemente, aunque intenten construir un relato de preocupación por la libertad de expresión, no cabe duda de que lo que realmente buscan es intimidar a las voces que no les gustan, dejando en evidencia su pensamiento autoritario e intolerante», agregó Sabbatella.
En un comunicado, el responsable de la AFSCA sostuvo que «en su estrategia para evitar cumplir con la ley, indudablemente no tienen límites. Con ese objetivo, llegan a la locura extrema de proponer meter presos a periodistas por sus opiniones y a funcionarios por hacer cumplir la ley», concluyó.
«Que Clarín quiera meter presos a periodistas por sus opiniones es un ataque brutal a la libertad de expresión y a la libertad de prensa. Es un hecho de una gravedad tremenda», concluyó.
Aunque el abogado del grupo lo niega, la denuncia de Clarín es contra los periodistas
La denuncia penal señala explícitamente que «han desempeñado el rol de principales propaladores del mensaje gubernamental contra el Grupo Clarín», e incluye en ese rubro a los periodistas Sandra Russo, Roberto Caballero y Javier Vicente, junto a legisladores y funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional.
Esta mañana, el abogado de ese holding empresario, Hugo Wortman Jofre, formuló declaraciones en diferentes radios de la Capital Federal, en las que aseguraba que los periodistas involucrados en la denuncia lo estaban sólo para dar testimonio.
«Todas las personas mencionadas ahí (por la denuncia) lo que se está proponiendo es que vayan a la Justicia a dar la información que tienen», indicó el letrado, pese a que la demanda no hace ese tipo de puntualizaciones.
Por el contrario, tras mencionar a los «principales propaladores», el escrito de Clarín promueve «la presente denuncia contra quienes con el claro objeto de perjudicar a Grupo Clarín y sus directivos, incitan a la violencia colectiva».
Además de Russo, Caballero y Vicente, el texto incluye como difusores de la supuesta «incitación a la violencia» al Ministro de Justicia, Julio Alak; el secretario de Legal y Técnica de la Presidencia, Carlos Zannini; el diputado nacional Edgardo De Petri; el legislador porteño Juan Cabandié; y el titular de la AFSCA, Martín Sabbatella.
Respecto de los periodistas involucrados, el texto menciona opiniones expresadas por Russo y Caballero en su carácter de columnistas en pasajes del programa 6-7-8, y de Vicente en la transmisión de Fútbol para todos, pese que la denuncia, en sus fundamentos, reivindica paradójicamente «la libertad de opinión y expresión».
Sin dejar dudas, en el capítulo «Objeto» de la denuncia, el escrito firmado por Wortman Jofre y Alejandro Pérez Chada, declara su intención de «promover denuncia criminal contra los instigadores y determinadores del delito de incitación a la violencia colectiva», que según expresan «se verifica con claridad a partir de los dichos de periodistas y funcionarios».
Clarín menciona además en la difusión de expresiones que consideran como generadoras de violencia -aunque sin incluirlos al nivel de los tres anteriores-, a los periodistas Nora Veiras, Orlando Barone, Edgardo Mocca y Eduardo Jozami.
Además incluye a la agencia Télam, a la que atribuye «un comunicado», cuando en realidad se trató de un cable que reproducía una declaración del espacio Unidos y Organizados, alusivo a la protesta de principios de octubre realizada por efectivos de la Prefectura y la Gendarmería.
La presentación judicial de Clarín sostiene que se intenta colocar a ese holding empresario «detrás de los reclamos» salariales realizados en octubre por la Prefectura y la Gendarmería, y de las protestas con cacerolas del 13 de septiembre y el 8 de noviembre.
El texto presentado a la Justicia por Clarín admite que la incitación a la violencia denunciada es «una figura de peligro abstracto», y utiliza un verbo en modo potencial para decir que según las expresiones de periodistas y funcionarios «mereceríamos algún tipo de reacción, de hecho o de derecho por parte de la ciudadanía o la administración de Justicia».
El Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó la denuncia por «incitación a la violencia colectiva» contra periodistas presentada por el Grupo Clarín y consideró que representa «una clara afrenta a los principios de libertad de expresión».
«Es contradictorio que una empresa para cuya tarea es imprescindible el ejercicio de la libertad de expresión, recurra a presentaciones penales contra periodistas», aseguró la entidad a través de un comunicado.
En ese sentido, «de acuerdo a los estándares internacionales y nacionales en los que se basa FOPEA, la denuncia presentada el pasado jueves constituye una clara afrenta a estos principios, considerando que cuestiona los dichos públicos de los periodistas en diferentes espacios televisivos».
Por ello, FOPEA se solidariza con Sandra Russo (columnista del diario Página/12 y panelista del programa 6-7-8); Roberto Caballero (ex director del diario Tiempo Argentino) y Javier Vicente (relator del ciclo Fútbol para Todos).
«En ningún lugar de la presentación judicial formulada por el Grupo Clarín se menciona a los periodistas como testigos. En cambio, sí son identificados entre los ‘principales propaladores del mensaje gubernamental’, lo cual los haría parte, dentro de la lógica judicial de la denuncia, de ‘quienes incitan a la violencia colectiva'», destaca la entidad.
FOPEA expresa su rechazo a «las acciones judiciales para limitar o penalizar la libertad de expresión, por más discutibles que puedan ser las expresiones vertidas», y soliticó al Grupo Clarín que «retire la denuncia hecha contra los periodistas e insta a la Justicia a que, de no ser retirada la demanda, la rechace basándose en los principios de libertad de expresión consagrados en la Constitución».