Dirigentes radicales propusieron al presidente Alberto Fernández la «reanudación de la actividad parlamentaria» y la «inmediata convocatoria al Consejo Político Económico y Social» para «frenar» el «discurso racionalizador del gasto», expresado por sectores que «buscan erosionar la institucionalidad y asegurar el statu quo de la concentración escandalosa de la riqueza».
El documento, que sugiere medidas económicas y sociales para superar las consecuencias del coronavirus y fue presentado hoy al Presidente, lleva las firmas de dirigentes encolumnados en el ala progresista de la UCR, como Federico Storani, Jorge Sappia, Juan Manuel Casella, Miguel Ponce, Enrique Illia y Mario Cimadevilla, entre otros.
«La amenaza hacia la democracia asume la forma de un discurso racionalizador del gasto. Señalan defectos virtuales o evidentes, pero en realidad buscan erosionar la institucionalidad, defender los mega negocios y la evasión y asegurar el statu quo de la concentración escandalosa de la riqueza. Son de una irresponsabilidad temeraria y agitan un clima social que puede ser peligroso para la convivencia», advirtieron en el documento.
Luego de un detallado análisis sobre el impacto de la pandemia en el mundo, los dirigentes esbozaron medidas para hacer frente a las consecuencias que dejará en la Argentina el aislamiento obligatorio por la presencia del Covid-19.
«Evitar que se corte totalmente la producción y la cadena de pagos, especialmente en el conurbano» y ampliar la participación de organizaciones de la sociedad civil en el Consejo Político Económico y Social, «con eje en la coyuntura para asegurar el alimento y el abrigo, pero también para iniciar ya la actividad económica» son algunas de las propuestas.
Las ideas expuestas tienen por objetivo «frenar» ataques a la institucionalidad, «ampliando la base de sustento democrático y produciendo a la vez las acciones necesarias que no sólo permitan una baja del gasto sino la mejora del sistema político en su conjunto».
Bajo el título ”Constituir la unión nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad…”, que apela al Preámbulo de la Constitución Argentina, los radicales también plantearon la necesidad de sellar «un acuerdo entre pymes y empresas de la producción con los gremios y el gobierno para preparar la reanudación parcial de actividades mediante pruebas piloto con control sanitario».
Entre las propuestas está también la de «garantizar el control sanitario en la cadena de distribución de insumos comerciales», prevención en el «acceso de los trabajadores al sitio de trabajo y regreso al domicilio» y la «creación de una Comisión productivo-sanitaria que evalúe los proyectos».
El sector de la UCR dijo acordar además con el objetivo de establecer un “impuesto de emergencia a las grandes fortunas” por única vez, pero consideró «más efectivo» impulsar una «reforma del sistema tributario por uno más progresivo, simple y efectivo, basado en tres ejes».
«Desdoblar el Impuesto a las Ganancias en Impuesto a las personas físicas: progresivo, revisando alícuotas y gravando con un porcentaje superior las altas rentas); e Impuesto a las personas jurídicas y empresas: disminuyendo las alícuotas que recaen en el precio pagado por los consumidores».
También postularon disminuir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que no sobrepase el 8% y que sean las provincias las encargadas de su administración y distribución y reformular el Impuesto del Patrimonio Inmobiliario.
«Reformulados estos tres impuestos principales, podrían revisarse a la baja las alícuotas de otros distorsivos: eliminar impuesto al cheque, bajar retenciones a las exportaciones, ingresos brutos y combustibles, asegurando una recaudación aún mayor que la actual», explicaron los radicales.
De esta manera -sostuvieron- se lograría una «estructura fiscal más ágil, que dotaría de progresividad al sistema impositivo, estimulando la productividad y aliviando a consumidores».
Entre las iniciativas también figuran otras referidas al cuidado de la salud de la población y al desarrollo de la vida social en los barrios populares. (Télam)