El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, aseguró que los juicios por delitos de lesa humanidad, que se tramitan en todo el país, constituyen una «decisión de toda la sociedad y no hay marcha atrás», ya que «no depende de la coyuntura sino está dentro del contrato social y forma parte del consenso básico de la sociedad». El titular del Máximo tribunal reconoció que «vivimos una tragedia» en referencia a la última dictadura militar y sostuvo que los represores que están siendo sometidos a proceso «siempre tuvieron garantizada la defensa y el debido proceso, aunque ellos no las hayan dado».
Lorenzetti hizo estas afirmaciones durante la presentación oficial del informe sobre la tramitación de los juicios por delitos de lesa humanidad en los que los tribunales de todo el país revisan los hechos ocurridos durante el gobierno que usurpó el poder el 24 de marzo de 1976.
«Esto es el resultado del esfuerzo institucional de los tres poderes del Estado en el marco del Estado de derecho», afirmó Lorenzetti quien ponderó la «trascendencia histórica» de los juicios que se siguen a los represores de la última dictadura.
También calificó como «uno de los procesos de investigación (de delitos de lesa humanidad) más importantes en el mundo» al aludir a las «megacausas», como por ejemplo aquella por los delitos en el Primer Cuerpo de Ejército, que tramita el juez federal Daniel Rafecas, y la que ventila lo ocurrido en la ESMA que lleva adelante su colega Sergio Torres.
Ambos magistrados estaban entre el público junto al juez español Baltasar Garzón, camaristas federales, miembros de la Cámara Nacional de Casación Penal, funcionario del Poder Ejecutivo, encabezados por el ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Julio Alak, y legisladores nacionales y provinciales.
Lorenzetti también tuvo párrafos muy sensibles para los organismos de Derechos Humanos como las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo de quienes sostuvo «siempre pidieron justicia nunca ajusticiamiento» y enfatizó que la publicación del informe es un «acto más que trascendente», ante la obligación legal de «mantener informada a la comunidad».
Junto al titular de la Corte se ubicaron Alak; la vicepresidenta del Máximo Tribunal Elena Highton de Nolasco y los ministros Juan Carlos Maqueda y Carmen Argibay. También compartían el estrado el Procurador General de la Nación, Esteban Rigi, la Defensora General, Stella Maris y el presidente del Consejo de la Magistratura Luis María Cabral.
En la primera fila del espacio destinado al público se ubicaron el juez español Baltasar Garzón, aplaudido por todo el recinto; el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel y el secretario de Derechos Humanos Eduardo Luis Duhalde, entre otros.
En el mismo sitial fueron ubicados el Secretario de Justicia, Héctor Masquelet, el rabino Daniel Goldman y el embajador de Uruguay, Guillermo Barriolo.
Solo una fila detrás una veintena de Madres de Plaza de Mayo, encabezadas por «Tati» Almeida y Nora Cortiña, con sus tradicionales pañuelos blancos sobre sus cabezas escuchaba atentamente las palabras de Lorenzetti separadas unos pocos metros de un grupo de legisladores.
Los diputados nacionales Martín Sabatella, Héctor Recalde y Francisco de Narváez, junto al secretario general del gremio de los judiciales Julio Piumato componían el grupo que fue ubicado solo unas filas delante de los jueces federales entre los que se encontraban el platense Carlos Rozanky y los porteños Rodolfo Canicoba Corral, Oscar Bertuzzi junto al camarista Martín Iruzun.
Previo a las palabras de Lorenzetti la directora del Centro de Información Judicial (CIJ), la agencia de noticias del Poder Judicial, María Burdín, informó que el informe está disponible para toda la comunidad en el sitio web www.cij.gov.ar.
Burdín precisó la importancia del acceso de la comunidad a la información sobre los juicios y, tal como lo hizo luego Lorenzetti, enfatizó ello servirá para que «nunca más» se vivan episodios similares.