Dirigentes estudiantiles y políticos expresaron su rechazo a un proyecto del gobierno del presidente de Chile, Sebastián Piñera, que propone una reforma del Código Penal consistente en ampliar las penas, hasta tres años de cárcel, para quienes participen de tomas de establecimientos educativos.
La polémica, originada a raíz de la difusión por la prensa de la iniciativa, tuvo lugar paralelamente a la divulgación de un informe que sostiene que se criminalizó la protesta social en el país y no se respetaron derechos fundamentales durante las movilizaciones masivas impulsadas por el movimiento estudiantil en los últimos cinco meses.
Si fuera aprobada por el Congreso, la modificación del Código Penal propuesta por el gobierno endurecerá las penas para quienes agredan a carabineros en manifestaciones públicas y establecerá como delito la «ocupación o invasión ilegal de inmuebles», entre éstos las escuelas, con sanciones que irán de 541 días hasta tres años de cárcel, informó el diario La Tercera.
El proyecto de ley, firmado ayer por Piñera y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, es impulsado en medio de un prolongado conflicto que el gobierno mantiene con los estudiantes secundarios y universitarios, y que hizo caer la popularidad del presidente a 22 por ciento, el nivel más bajo en lo que va del mandato.
La presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de La Serena, Laura Palma, definió a la iniciativa como «impactante» y «compleja», y el diputado comunista Hugo Gutiérrez dijo que «criminaliza el movimiento».
El presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica de Chile y vocero de la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), Giorgio Jackson, calificó a la iniciativa como «un despropósito mayor porque, como norma, las ocupaciones de instalaciones docentes son demostraciones pacíficas».
El presidente estudiantil de la Universidad de Valparaíso, Sebastián Farfán, opinó que se trata de un proyecto «orientado a desmovilizar la protesta social en Chile, e improcedente a horas de comenzar la mesa de diálogo sobre gratuidad con el ministro de Educación», Felipe Bulnes, consignó la agencia noticiosa Prensa Latina.
«El que pretende atentar contra la tranquilidad y la vida normal de los ciudadanos o contra la propiedad pública o privada se va a encontrar con una legislación dura y firme que va a establecer los castigos que correspondan a actos criminales», enfatizó Piñera al presentar el proyecto.
Paralelamente, la novena versión del Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2011, publicada hoy por la Universidad Diego Portales, advirtió que la protesta social y el abuso policial figuran como dos fenómenos contrastantes de una misma realidad que se consolida como una tendencia en la sociedad chilena.
«Durante 2011, la protesta se ha situado en el centro de la noticia; se han realizado las movilizaciones más masivas desde el retorno a la democracia (1990), pero su masividad y la atención que han recibido hasta ahora contrasta con la satisfacción de los derechos involucrados», señaló el informe citado por la agencia ANSA.
«A las bombas lacrimógenas arrojadas en lugares cerrados, los carros lanzaagua disolviendo marchas pacíficas en lugares residenciales, y los jóvenes denunciando fuertes golpizas y maltrato, se sumó la presencia confirmada de carabineros de civil haciendo ‘inteligencia’ como infiltrados en marchas estudiantiles, funcionarios aduciendo actuar en legítima defensa cuando no lo hacen, y el asesinato de un joven que se encontraba observando una protesta», añadió el trabajo.