El oficialismo y la oposición del Parlamento uruguayo emitieron esta tarde una declaración en la que acusan al periodista argentino Jorge Lanata de presentar una «liviandad en la información» que «llama poderosamente la atención».
Aprobada por unanimidad, la declaración de los miembros de la Comisión Especial de lavado de activos y crimen organizado de la Cámara de Representantes defiende los controles que se aplican en Uruguay y criticaron el accionar de Lanata, por encubrir las prácticas que podría haber en Argentina.
En el documento, se afirma que «llama poderosamente la atención» que en la investigación periodística del programa Periodismo para Todos (PPT), que se emite por el Canal 13, del Grupo Clarín, «no logren describir los eventuales mecanismos de lavado de activos que puedan funcionar en la República Argentina».
Y agrega la declaración: «Dicha liviandad en la información de un elemento de tal relevancia transforma, de hecho, las alusiones a las supuestas facilidades para el lavado que ofrecería el Uruguay, en una forma de encubrimiento de las prácticas que se podrían estar realizando en la propia República Argentina».
El documento fue firmado por los diputados oficialistas Alfredo Asti, José Bayardi, Gonzalo Mujica y Gustavo Bernini, y por los representantes del Partido Nacional José Cardoso y Jorge Gandini.
«Uruguay ha realizado en los últimos años un formidable esfuerzo de adaptación legislativa a los criterios acordados por la comunidad internacional en materia de lavado de activos», sostiene el documento, que añade: «Dicho esfuerzo ha sido reconocido y felicitado por los organismos internacionales especializados en la materia, como OCDE y GAFISUD».
En ese sentido, los diputados uruguayos remarcan que «las instituciones de Estado encargadas de la vigilancia de posibles prácticas de lavado de activos han demostrado reiteradamente su compromiso con dicha función, incluso en lo referente a las denuncias periodísticas hechas recientemente en la República Argentina, a partir de las cuales se han iniciado sendas investigaciones administrativas».
En la nota firmada por unanimidad, se recuerda que la Justicia uruguaya dio curso a la denuncia promovida por dos diputados argentinos y que los magistrados argentinos pueden pedir información a Uruguay, lo que todavía no han hecho.