El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, aseguró que el nuevo Código Civil y Comercial será «una obra para cien años, no para un día» y que se trata de «una política de Estado». En declaraciones que reproduce el Centro de Información Judicial (CIJ) el titular del Máximo Tribunal, que encabezó la comisión de reforma que integraron además las juristas Elena Highton de Nolasco y Aída Kemelmajer de Carlucci; sostuvo que «es un código enfocado en los problemas concretos de la gente, con un lenguaje claro y comprensible».
«Antes se legislaba pensando en un hombre adulto, sano, educado y de buena posición social; este código incluye a todos: a los hombres y mujeres; a los adultos pero también a los jóvenes y niños; a los educados pero protege a los que se trata de engañar por su falta de conocimientos; a los sanos pero también a los enfermos, a los fuertes pero también a los débiles. Busca la verdadera igualdad que se basa en la tutela de los vulnerables», afirmó.
Lorenzetti explicó que el proyecto que se encuentra en el Parlamento para su análisis «reconoce el rol de la mujer en el hogar; hay cuatro millones de mujeres jefas de hogar. El Código lo hace, establece la plena igualdad del hombre y la mujer en el matrimonio, se permite terminar con el uso de la ‘la señora de’ y se reconoce una compensación por los trabajos que la mujer hace en el hogar; algo que no existía con anterioridad».
El nuevo texto también pone énfasis en al protección de los niños «conforme a la convención internacional de derechos con numerosas consecuencias prácticas», y facilita la adopción ampliando las personas que pueden hacerlo «acelerando los trámites y dando una serie de seguridades para evitar abusos con los niños», al tiempo que «se reconoce el verdadero rol de los jóvenes y su autonomía progresiva».
El presidente de la Corte recordó que «durante muchos años los enfermos mentales fueron maltratados, se los consideraba incapaces y muchas veces se los encerraba. La Corte tuvo que fallar en un caso en que una persona estuvo veinte años abandonada en un psiquiátrico. Por eso proponemos que la internación es algo excepcional, que sólo puede hacerse con un estricto control judicial y equipos interdisciplinarios».
«Es un código que protege la autonomía de las personas. Siempre fue muy fácil declarar incapaz a alguien y luego privarlo de sus derechos. Ahora se limita muchísimo la figura del incapaz y permite que una persona pueda ser declarada con una capacidad restringida, con redes de apoyo para que se pueda desenvolver. Es una gran solución para muchas personas», estimó.
El jurista también resaltó que se trata de «un código para la libertad de las personas, a fin de que cada uno pueda decidir su vida como lo desea. Por eso se flexibilizan las normas sobre el nombre, se permiten opciones para organizar la vida familiar, se autorizan las convenciones sobre el patrimonio y muchos otros aspectos que definen a una sociedad pluralista.»
Tras analizar las modificaciones que tendrá la legislación en torno a los contratos, Lorenzetti también ponderó que «los pueblos originarios tienen un lugar en el código civil que no existió en doscientos años de historia. Se reconoce la posibilidad de inscribir nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas».
En ese sentido, explicó que en el texto en estudio «se admite la propiedad comunitaria, pero los aspectos específicos se dejan librados a una ley especial, sobre todo lo atinente a la regularización de las tierras ocupadas. Es innovadora la normativa propuesta en tanto legisló sobre un derecho contenido en la Constitución Nacional».