El juez federal Daniel Rafecas estableció que «se vincula la transmisión de las acciones» de Papel Prensa S.A. por parte de los diarios Clarín, La Nación y La Razón «con el sistema represivo establecido por el gobierno de facto». Asimismo citó, por dichos de un testigo, «la existencia de acuerdos entre los diarios a los que transmitieron esas acciones, entre los cuales se encontraba el de no publicar ‘nada que atentase contra la Junta Militar ‘».
Así lo señaló Rafecas en su resolución, a la que Télam tuvo acceso, en la que se declaró incompetente respecto de la investigación sobre la eventual existencia de delitos vinculados con la transferencia presuntamente compulsiva de acciones de la empresa Papel Prensa S.A. y remitió la investigación de esa causa al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional Federal Número 3 de La Plata.
«Existen distintos elementos que determinan la conclusión de una clara inescindibilidad entre los hechos de privación ilegal de la libertad que tuvieran por víctimas a una serie de personas vinculadas con la firma Papel Prensa y la eventual comisión de ilícitos referidos con la transferencia presuntamente compulsiva de acciones de esa empresa que se encontraban en propiedad, ya sea por sí o por terceros, de la familia Graiver», señala el juez Rafecas en los considerandos de su fallo.
El magistrado dice que el objeto procesal se «encontraría constituido por la presunta comisión de posibles delitos, vinculados con la transferencia presuntamente compulsiva de acciones de esa empresa, que se encontraba en propiedad de la familia Graiver».
En los considerandos de su disposición, a la que Télam tuvo acceso, Rafecas cita que «José Pirillo habría dado cuenta de su conocimiento de la existencia de maniobras dirigidas a la venta compulsiva de la firma durante la última dictadura militar».
«A la vez que reprodujo dichos que atribuyó a Héctor Magnetto, según los cuales el nombrado -que sería albacea de Felipe y Marcela Noble Herrera- habría gestionado ante el general (Rafael) Videla la obtención de dos chicos, aunque ignora el testigo si se trataba o no de quienes fueron adoptados por Ernestina Herrera de Noble», prosigue.
El magistrado cita en su fallo «una sistematicidad en la detención de una serie de personas vinculadas a la familia y el grupo económico Graiver, todas ellas cautivas en sitios correspondientes al llamado ‘Circuito Camps’.
En esos lugares, refiere, «incluso tomaron contacto con quienes se desempeñaron en las más altas jerarquías de la llamada ‘Línea de Comando de Jefatura’ y en los que fueron interrogadas sobre la operatoria económica del Grupo Graiver y sobre las acciones de la firma Papel Prensa S.A.».
Rafecas fundamenta que «es claro que en todos los casos de órdenes emanadas en el contexto de la llamada ‘lucha contra la subversión’ en el ámbito del Primer Cuerpo del Ejército provenían de su comandancia, sin perjuicio de que las mismas se encausaran a través de diferentes carriles jerárquicos».
Esta circunstancia -acota- es el elemento central para la atribución de competencias diferenciadas entre la Justicia Federal de esta Capital y la que tiene asiento en la ciudad de La Plata «.
Seguidamente manifiesta que en el Juzgado Federal de La Plata se tuvo «por objeto el llamado ‘Circuito Camps'» y «se ha tenido por acreditada la condición de víctimas de privación ilegal de la libertad de David Graiver y Osvaldo Papaleo».
Asimismo, cita que «se vincula la transmisión de las acciones de la firma con el sistema represivo establecido por el gobierno de facto» y que por dichos expresados por Pirillo, que «también le fue informado por (Patricio) Peralta Ramos la existencia de acuerdos entre los diarios a los que transmitieron esas acciones (por Clarín, La Nación y La Razón), entre los cuales se encontraba el de no publicar en los mismos ‘nada que atentase contra la Junta Militar ‘».
Considera que «el delito de privación ilegal de la libertad aparece claramente motivado en las finalidades de apropiación de las acciones de la empresa, constituyéndose la amenaza sobre la futura concreción del mismo en una coerción dirigida a conseguir la suscripción de los convenios y luego, ya concretado el delito contra la libertad, como un mecanismo destinado a asegurar sin obstáculos la concreción de aquel cometido».
«Las maniobras destinadas a obtener la transmisión compulsiva de las acciones de la firma Papel Prensa en manos de la familia Graiver o sus testaferros habrían tenido como contexto la amenaza sobre futuras privaciones ilegales de la libertad como represalia, que luego se concretaron y que durante su consumación continuada permitieron perfeccionar la operatoria sin obstáculos, al tiempo que los detenidos fueron sometidos a interrogatorios referidos a su vinculación, participación o conocimiento de la actividad de la empresa y de los Graiver», indica el magistrado.
Rafecas dice en su fallo que «así las cosas no puede desconocerse la existencia de una íntima conexión que vincula los delitos de privación ilegal de la libertad que tuvieron por víctimas a las personas mencionadas y el interés por las empresas del Grupo Graiver, en cuyo marco cabe incluir las maniobras de transmisión compulsiva de las acciones de Papel Prensa S.A.».
Por lo tanto, agrega, «corresponde reiterar que dicha vinculación resulta de tal entidad que lleva a considerar la existencia de una unidad fáctica entre ambas clases de hechos, de ningún modo razonablemente escindible en objetos procesales divergentes, lo que determina, a criterio del suscripto, que los hechos denunciados en estos obrados corresponden al conocimiento del titular del Juzgado Federal Número 3 de La Plata
