El ministerio de Derechos Humanos de Misiones se puso en contacto con las autoridades de esa provincia para coordinar el regreso de una joven de Santa Cruz que fue rescatada de una red de trata de personas que explotaba sexualmente a un grupo de mujeres. La joven es de Garupá y regresaría a la provincia en las próximas horas desde Buenos Aires. El ministerio de Derechos Humanos le envió los pasajes y le dará contención a la víctima.
También en Tierra del Fuego habría otra misionera rescatada de una red de trata de personas. Las autoridades de esa provincia desbarataron una banda que explotaba a quince mujeres en una whiskería. Las víctimas son de varias provincias, de República Dominicana y de Colombia.
El ministro de Derechos Humanos, Edmundo Soria Vieta y la subsecretaria de Igualdad de Género, Norma Sawicz ya se pusieron en contacto con la Justicia de esa provincia y las autoridades nacionales para determinar si hay misioneras involucradas.
En total, 15 mujeres que eran explotadas sexualmente por una red de trata fueron rescatadas en Tierra del Fuego, en el primer operativo de este tipo que se hace en esa provincia gracias a datos recabados en avisos clasificados, informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
El organismo señaló que se trató del «primer operativo realizado en Ushuaia por infracción a la ley 26.634 contra la Trata de Personas en el marco de una investigación iniciada en 2009».
«Hablamos de un crimen mafioso y aberrante, del tercer delito en importancia mundial, que degrada a sus víctimas de manera inaceptable», consideró el ministro de Justicia, Julio Alak.
El informe oficial precisó que Gendarmería allanó, en la madrugada del 27 de abril, el local nocturno «Black & White» de esa ciudad y el domicilio en donde estaban alojadas las víctimas.
Las 15 mujeres «recibieron asistencia, acompañamiento y custodia de la Oficina de Rescate de la Secretaría de Justicia, que trabajó en conjunto con la fuerza de seguridad y con la Fiscalía Federal de Ushuaia», indicó el Ministerio.
El operativo se enmarcó en una investigación que comenzó en 2009, con datos recabados en avisos clasificados publicados en diferentes diarios nacionales y locales, en los que se ofrecía empleo a ‘señoritas’.
A partir de este monitoreo en medios impresos se realizó el informe que estuvo a cargo de la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, dependiente de la secretaría de Justicia que encabeza Julián Álvarez.
En julio de 2011, la Oficina de Rescate conducida por Zaida Gatti «presentó una serie de denuncias luego de detectar varios avisos clasificados en el Rubro 37 del diario Clarín, en el cual se ofrecía ‘trabajo como mesera para señorita en cabaret de Ushuaia, con una remuneración de 20.000 pesos, más gastos de traslado, alojamiento y viáticos'».
Otro de los avisos, según el informe, solicitaba «bailarinas para trabajar en Bar en Tierra del Fuego, con una remuneración de 10.000 pesos, más gastos de traslado, alojamiento y viáticos».
En ambos anuncios «se detectaron indicadores claros de ofertas engañosas de trabajo que reunían además todos los componentes que podrían configurar el delito de Trata de Personas (captación, traslado, transporte y acogimiento) y una presunción de explotación sexual al arribar al lugar de destino», estipuló la investigación.
Asimismo, esos y otros avisos publicados, brindaban el mismo número de teléfono de contacto y una dirección de correo electrónico que, luego se comprobó, coincidía con el nombre del principal imputado en la causa iniciada por la Fiscalía Federal de Ushuaia.
Todas las víctimas eran mayores de edad, oriundas de provincias del norte de nuestro país, de República Dominicana y de Colombia y la mayoría llegó a la capital fueguina tentada por la oferta laboral ofrecida en un diario, con altas sumas de dinero como remuneración.
Los relatos de las mujeres liberadas dejaron en evidencia que «todas habían llegado con la esperanza de encontrarse con otro tipo de ‘trabajo’ y que al querer retornar, luego de haber detectado el engaño, habrían sido notificadas por el dueño que ‘antes de abandonar la ciudad tenían que devolver el dinero de su pasaje'» explicó el Ministerio.
Como ninguna ellas contaba con la suma que se les requería, la única opción ofrecida para saldar dicha deuda era ejerciendo la prostitución en el local «Black & White».
Todas las mujeres rescatadas vivían en una casa alquilada por el dueño del prostíbulo, quien les cobraba a cada una de las mujeres la suma de 300 pesos para ‘colaborar’ con el alquiler.
También «se visualizó en la vivienda carteles que determinaban multas ‘por no limpiar’, las cuales ascendían a 300 pesos y estaban firmadas por el dueño», indicó el informe oficial.
Asimismo afirmó que «según los relatos, el propio dueño se encargaba en forma personal de ir a buscar a las víctimas al aeropuerto internacional, luego de haberles enviado y pagado el pasaje».