La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó aseguró que «no renunciar a mi cargo no es un derecho: es un deber», en referencia al pedido opositor que reclama que luego del recambió de gobierno en diciembre próximo, renuncie al Ministerio Público Fiscal y expresó que si se apartara «estaría perjudicando a una institución y desandando el camino de la reforma constitucional de 1994».
«Sería sorprendente que quienes vienen haciendo una bandera de la institucionalidad y la independencia de la administración de Justicia digan ahora que tengo que entregar el cargo porque cambia el gobierno» expresó Gils Carbó en relación a las declaraciones del candidato de la alianza Cambiemos, Mauricio Macri, quien aseguró que en caso de ser elegido presidente, le pedirá la renuncia a la titular de la Procuración y al presidente del Bancos Central, Alejandro Vanoli.
En entrevistas brindadas al diario Página/12 y Perfil, la Procurado rechazó de plano una posible renuncia a su cargo, «no voy a dar un paso al costado» sentenció, al asegurar que «si hay gente que imagina otra salida puede prestarle atención a la Constitución y verá que el procedimiento de remoción de la procuradora es el mismo que para cualquier ministro de la Corte Suprema».
«Hacen falta los dos tercios del Senado, por eso no renunciar es más que mi derecho: es mi deber. De otra manera estaríamos retrocediendo en logros constitucionales alcanzados en beneficio del Estado de derecho» detalló y aseguró que las demandas opositoras «me recuerda a otras épocas, cuando quienes esgrimían el discurso de la protección de la Constitución terminaron arrasando con la Constitución y los derechos humanos».
Al respecto, Gils Carbó recordó que el candidato de la alianza Cambiemos «designó a un diputado del PRO (Julios Conte Grand) como procurador de la Ciudad, que también tenía como antecedente haber sido abogado de las empresas de Daniel Angelici, el actual presidente de Boca» y opinó que «tal vez él (Macri) quiera este cargo para poner a alguien de su espacio político».
«Si cada presidente va a poner a alguien de su confianza con independencia de los tiempos, ¿cuál es el respeto por las instituciones? A mí me votó el 90 por ciento de los legisladores presentes. Supongo que en mí votaron una trayectoria de 20 años en el Ministerio Público Fiscal» indicó.
Al mismo tiempo, la Procuradora explicó que la gestión actual es «un proyecto de transformación y de construcción de una mejor herramienta» que se sostiene en «un frente común del Estado nacional, provincial y municipal en el marco de las investigaciones» y destacó que «nada de esto funciona de manera completa sin políticas públicas y sin acceso a la salud y a la Justicia».
Finalmente, salió al cruce de las versiones que afirman que los fiscales son presionados o direccionados por la conducción del organismo y afirmó que «antes que presionados se los ve actuando con plena independencia de criterio, como actuó el fiscal Alberto Nisman, lamentablemente fallecido. O como lo muestran el procesamiento de Amado Boudou o las investigaciones sobre el general César Milani. ¿Y las inspecciones a las cárceles? Este es un proyecto institucional serio».