A través de la Licitación Pública N° 50-0004-LPU24, este organismo descentralizado adquirió seis máquinas expendedoras de café por un valor total de $15.480.000, con un sobreprecio cercano al 90% en comparación con los valores de mercado. Lo llamativo es que la semana pasada el Ministerio de Capital Humano despidió a una funcionaria por una situación similar.
El organismo, en su expediente N° EX-2024-23725031, justificó la compra de estas máquinas para “proporcionar bebidas calientes al personal de este organismo, con el fin de crear un ambiente agradable durante la jornada laboral y eventos como reuniones, capacitaciones, exposiciones y presentaciones”. Además, argumentó que el servicio busca “cumplir con normas de protocolo y ceremonial” y “optimizar el tiempo laboral de los agentes al evitar la necesidad de salir de la oficina en busca de refrigerios”.
La adjudicación fue realizada a la empresa *SALTSUR S.A., quien ofreció las máquinas automáticas marca **Necta Koro modelo espresso* a un valor unitario de $2.580.000 cada una. En total, la operación significó un desembolso de *$15.480.000*, aprobada formalmente el 24 de julio de 2024 y con una duración contractual de seis meses. Entre los funcionarios responsables de la aprobación se encuentran Leandro Gregorio, Diego Reinaldo Franz, Roxana Silberberg, Nair Alvarado, Wanda Ayelen Castagnaro y Joel Alexander Sardi, con la autorización final firmada por Claudio Dunan, presidente del Instituto Nacional de Semillas
Lo que más ha despertado controversia es el *costo unitario* de cada máquina. El precio de $2.580.000 pagado por cada cafetera dista enormemente del valor que se encuentra en el mercado: en plataformas de venta como MercadoLibre, el mismo modelo tiene un precio promedio de *$1.326.900*. Esto representa un sobreprecio del 90% frente al valor abonado por el INASE, una diferencia que pone en tela de juicio la transparencia y eficiencia de esta compra.
Además de los $15 millones iniciales, el documento contractual incluye una *cláusula de ampliación* de presupuesto por un 20% adicional, lo que permite a la entidad desembolsar hasta $3.096.000 adicionales, elevando el gasto total a más de *$18 millones* si se llegara a ejecutar esta extensión.
En un contexto económico apremiante y con limitaciones en el gasto público, la justificación para esta adquisición ha generado múltiples cuestionamientos sobre su prioridad y conveniencia. En palabras de un analista del sector público consultado: “La transparencia en los procesos de compra pública es fundamental para la legitimidad del Estado, y es alarmante que se destinen recursos a gastos de dudosa prioridad cuando existen necesidades urgentes en áreas críticas”.
«Justificó el requerimiento en la necesidad de proporcionar bebidas calientes al personal de este organismo, con el fin de crear un ambiente agradable durante la jornada laboral y eventos como reuniones, capacitaciones, exposiciones y presentaciones que se llevan a cabo regularmente en este instituto. Además, la disponibilidad de este servicio contribuirá a optimizar el tiempo laboral de los agentes, al evitar la necesidad de salir de la oficina en busca de refrigerios».