Estudiantes y docentes de todo el país marcharán este miércoles en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que el presidente Milei anunciara su intención de vetar el proyecto aprobado por el Congreso. La movilización iniciará a las 17 horas en la plaza del Congreso Nacional.
Estudiantes y docentes de todo el país marcharán este miércoles en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario, luego de que Milei anunciara su intención de vetar el proyecto aprobado por el Congreso. La movilización iniciará a las 17 horas en todo el país.
En minoría, La Libertad Avanza necesita volver a reunir los 87 votos que le permitieron sostener el veto a las recomposiciones de haberes jubilatorios. Pero, incluso después del asado de agradecimiento que brindó después de ese logro, el conteo de respaldos se le complican, y en el inicio de esta semana empezó a tomar en serio las señales de alerta que llegan a la Casa Rosada, desde la anterior, de parte de sus socios de PRO.
Para empezar, los amarillos nunca dijeron con todas las letras que respaldarán la posición del Presidente, como sí lo hicieron con otras iniciativas. Por caso, Cristian Ritondo se puso al hombro el impulso a un proyecto que calza perfecto con las necesidades del oficialismo, para privatizar Aerolíneas Argentinas en medio del conflicto gremial con los pilotos. Pero hasta ahora no dijo una palabra, en público, sobre el posicionamiento final de la bancada en el tema de educación superior.
Esta vez, para empeorar el escenario, los libertarios tienen menos chances de “manotear” votos de diputados radicales dispuestos a ayudar, como ocurrió con los cinco (Martín Arjol, Luis Picat, José Federico Tournier, Mariano Campero y Pablo Cervi) que apoyaron el veto jubilatorio en agosto a pesar de que desataría una fuerte pelea interna que, efectivamente, puso en riesgo la unidad del bloque de la UCR.
De hecho, esta tarde, ante la firmeza del Ejecutivo, diputados y senadores dialoguistas, que apoyaron otras iniciativas del Gobierno, convocaron a la marcha. Lo hicieron en una conferencia de prensa montada en el Salón de los Pasos Perdidos mientras la Cámara baja trataba en sesión la ley de Boleta Única de Papel (BUP), sobre la que sí hay consenso.
Enojados con los radicales, en la Casa Rosada se inclinan, en cambio, por exculpar a lo miembros de la bancada amarilla, incluido su presidente, Ritondo, que tiene buena relación con el asesor presidencial Santiago Caputo. Apuntan, en cambio, a la mano en las sombras de Mauricio Macri. “A Cristian lo vemos incómodo con esta posición, parece como si lo estuviesen presionando desde arriba”, dijeron en la sede del Gobierno, mientras desde el espacio aliado advertían que si el veto es total no logran los 87 votos necesarios.
Por ahora no está prevista una reunión entre las partes, aunque Javier Milei y Mauricio Macri no suelen avisar antes de encontrarse y sus charlas, si trascienden, se conocen a posteriori. Pero no se descartó un contacto. “Falta mucho”, deslizó un importante funcionario en referencia al plazo que se abrirá a partir del veto para que el Congreso pueda rechazarlo.
En medio de estas especulaciones, el Presidente resolvió postergar una vez más el veto a la ley de financiamiento universitario. Tiene previsto publicarlo sobre el filo del vencimiento del plazo, el jueves, cuando se cumplen los 10 días hábiles desde que el proyecto fue comunicado al Poder Ejecutivo. Y en su entorno aseguran que no hay posibilidades de un veto parcial.
El propio jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lo advirtió este mediodía, en el discurso de cierre del encuentro de la mesa de agroindustria de AmCham, que se celebró hoy en el hotel Alvear: “Sancione lo que sancione el Congreso, no nos vamos a mover un centímetro del déficit cero que hemos planeado como política. Tendremos marchas y protestas, y trataremos de conversar y negociar. Este es el camino para todos los argentinos y el sector productivo en el país”, dijo.
Y comparó la situación de Milei frente al Congreso, con la de su par de El Salvador, Nahir Bukele, que fue recibido con honores ayer por el Gobierno: “A Bukele le costaba mucho impulsar o aprobar leyes, por eso tuvo que empezar a vetar leyes que estaban contra su visión general. Fue el presidente que más leyes vetó en la historia de El Salvador. Nosotros no llegamos a ese nivel, pero quizá lleguemos”, agregó.
En Balcarce 50 no consideran la manifestación, que será una reproducción de la que se impulsó masivamente el 23 de abril, no es un problema de índole social. Ni siquiera político. “Esto es un conflicto sectorial. Como otros, como con la policía. Y peor sería que estuvieran marchando las fuerzas de seguridad”, le restó importancia un funcionario. Sin embargo, en los últimos días el Gobierno hizo varios esfuerzos por desactivar la protesta, que sigue en pie, principalmente, para rechazar el veto del Presidente.
La Ley de Financiamiento Universitario se aprobó en el Senado el 12 de septiembre, logrando 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención, superando ampliamente los dos tercios necesarios. La norma propone una recomposición salarial para el personal docente y no docente desde el 1 de diciembre de 2023 hasta la sanción definitiva del proyecto.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, esta implementación representaría «un impacto presupuestario de $738.595 millones, equivalentes al 0,14% del PBI». Tras la aprobación de la norma, el presidente Milei anticipó un «veto total» en su cuenta en la red social X, en respuesta a un mensaje del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. El presidente tiene hasta el 3 de octubre para oficializar el veto. Universidades, gremios y la Federación Universitaria Argentina (FUA) han estado reclamando que esto no suceda.
Bajo el lema «La Universidad no es el problema, es parte de la solución», la movilización iniciará a las 17 horas en la plaza del Congreso Nacional, en la esquina de las avenidas Callao y Rivadavia. Las consignas de la marcha incluyen el rechazo a los recortes presupuestarios, la privatización de servicios y la eliminación de programas de becas, pilares fundamentales para garantizar el acceso a una educación pública de calidad en el país.
La nueva movilización fue convocada por los rectores de las universidades públicas, unidos en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Esta decisión se tomó en conjunto tras una reunión en la que también participaron el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina.
La protesta será una reedición de la masiva movilización del 23 de abril, que destacó por su tamaño y dejó claro que la sociedad argentina valora la Educación Superior Pública y Gratuita. Desde abril hasta la fecha, se han llevado a cabo negociaciones entre las máximas autoridades universitarias y los funcionarios del gobierno de Milei. El reclamo se centra en el financiamiento para el funcionamiento cotidiano y la recomposición de los salarios docentes y trabajadores en general de las universidades