Tras siete horas de declaración indagatoria, y en medio de una fuerte presión de la dirigencia sindical ligada al duhaldismo y un pedido explícito de la CGT, el juez federal Norberto Oyarbide dispuso el viernes por la noche la excarcelación del titular del gremio de los peones rurales, Gerónimo Venegas, previo pago de una fianza de 500 mil pesos.
La decisión sobrevino luego de que el fiscal Luis Comparatore se pronunciara a favor de la liberación del dirigente, por considerar que su situación era diferente de la de otros detenidos en la causa de la mafia de los medicamentos.
Oyarbide tenía previsto indagar el sábado a Venegas. Pero el viernes por la mañana estallaron noticias sobre bloqueos de carreteras en todo el país (la Ruta 9, a la altura de San Pedro; el Puente Pueyrredón).
Oyarbide, quien ya estaba enterado de la movilización organizada por la UATRE con el apoyo de la Mesa de Enlace para la tarde, y previendo que se trataría de una manifestación masiva, adelantó la indagatoria.
Ordenó el traslado de Venegas para las 12:30, lo hizo trascender y notificó telefónicamente al abogado Miguel Angel Plo, el laboralista ex socio del fallecido ministro de Justicia bonaerense Jorge Casanovas.
Para esa hora, el abogado Fernando Castejón, uno de los defensores del ex gerenciador del PAMI, Rubén Romano, había presentado un pedido de exención de prisión, y el fiscal federal Luis Comparatore había dictaminado en contra, atento a la «gravedad de las imputaciones» y a que el acusado «no estaba a derecho», pues sabía que había una orden de detención en su contra y optó por mantenerse prófugo. El dictamen mostraba una dureza que desapareció poco más tarde, casi se contradijo cuando el abogado de Venegas pidió la excarcelación.
El fiscal aceptó que Oyarbide liberara al detenido más mencionado de las últimas 48 horas porque no existía riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación, pese a que Venegas continúa siendo el presidente de la obra social OSPRERA, donde presuntamente se habrían cometido los delitos que se le imputan. Pidió, eso sí, una «fuerte caución real», es decir una fianza en dinero para concederle la libertad, que anoche allegados al «Momo» se encargaban de reunir para acelerar su excarcelación.
Enterado del cambio de criterio, el abogado Pablo Slonimsqui, defensor de Juan José Denaro, titular de la Mutual del Personal del Agua y la Energía de la provincia de Mendoza -detenido a última hora del jueves-, comenzó también él a redactar un pedido de excarcelación que prevé presentar apenas su cliente sea trasladado a Buenos Aires.
A su tiempo, la conducción de la CGT había emitido un comunicado denunciando un «ataque» al sindicalismo».
Por su parte, la Comisión de Enlace de Entidades Agropecuarias emitió un documento en el que reclamó «que sean respetados los principios que emanan de la Constitución Nacional, las instituciones de la República y los mecanismos democráticos, en todos sus niveles».
Cuando le informaron los hechos por los que había sido detenido y que constituían la base fáctica de la acusación, el sindicalista -imputado de «asociación ilícita»- le dijo a su abogado Plo «que se quedara tranquilo», relataron fuentes que presenciaron la escena.
La acusación contra Venegas se limitó a presuntas irregularidades en el manejo de fondos estatales derivados de la Agencia de Programas Especiales (APE) del Ministerio de Salud. Al líder de los estibadores rurales se le imputaba haber utilizado fondos para tratamientos costosos en la compra de camiones y trailers presuntamente utilizados como consultorios móviles. También surgió la mención de dos casos de medicamentos contra el VIH supuestamente vencidos, no obstante lo cual fueron suministrados a dos pacientes, uno en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe, y otro en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.
Oyarbide evaluaba la posibilidad de mantener en prisión a Venegas durante todo el fin de semana, para evitar que se interpretara que el líder de la UATRE recuperaba la libertad «por la presión». Pero los defensores le señalaron que mantenerlo preso hasta el lunes, teniendo un dictamen a favor de la excarcelación con un plazo para resolver el planteo de excarcelación de 24 horas hábiles, y con la manera habitual de trabajar de Oyarbide (es decir, «habilitar») los fines de semana, significaría una suerte de «privación ilegal de la libertad».
