Giménez será un cambio generacional, ya que se trata de un magistrado de 41 años y una importante trayectoria en la Justicia provincial.
Junto a la propuesta de Giménez como procurador general, el Gobernador pidió la designación de María Esther Leiva como jueza de Paz letrada en Posadas; de Valeria Cristina Schock para un cargo similar pero en Cerro Azul; y de Vanesa González Puczko como defensora oficial de primera instancia en lo Civil, Comercial, Laboral, de Familia y Violencia Familiar en Puerto Iguazú.
En la danza de nombres que hubo previamente para llegar a la propuesta formal, el gobernador Passalacqua se inclinó por proponer al doctor Giménez.
El juez se graduó en 2008 con el título de abogado de la Universidad Católica de Santa Fe (sede Posadas) y, luego, de escribano. Cuenta con especializaciones en derecho penal y procesal civil. También ejerció la docencia universitaria en la cátedra de Derecho Penal de la Universidad de la Cuenca del Plata.
En sus 41 años de vida, Carlos Giménez pasó por la actividad privada y la pública hasta convertirse en presidente del Tribunal Penal 2 de Posadas y titular de la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de Misiones, electo por el conjunto de sus pares.
Apenas recibido de abogado, ejerció la profesión privada hasta 2011, cuando fue propuesto para ocupar la secretaría del Juzgado de Instrucción 2 a cargo entonces de César Antonio Yaya (con quien hoy comparte el mismo Tribunal).
Dos años después, se presentó al concurso del Consejo de la Magistratura para cubrir la vacante que dejó José Alberto López cuando fue nombrado camarista. Y ganó el mismo, donde asumió al frente del Juzgado en 2014 y permaneció durante cinco años.
En su paso por la primera instancia, consiguió un hito en la Justicia provincial: su juzgado fue el primero que obtuvo la certificación de calidad ISO 9001 y se destacó como uno de los pocos en llegar a esa meta en el país, lo que le valió ser invitado a numerosas conferencias y eventos relacionados al derecho y la justicia en la Argentina, junto al hoy juez Civil y Comercial N°5 de Posadas, Fernando Escalante.
En su afán por avanzar en la carrera dentro del Poder Judicial, Carlos Giménez concursó en varias oportunidades para ascender a camarista, hasta que se produjo la tercera vacancia en el Tribunal Penal 2 de Posadas, integró la terna de concursantes, fue propuesto para el cargo y consiguió el Acuerdo legislativo. Juró en octubre de 2019 con apenas 36 años de edad y está por cumplir casi cinco años de ejercicio de la vocalía del Tribunal.
Hasta hoy, fue electo por los magistrados para integrar el Consejo de la Magistratura que selecciona a jueces y funcionarios de la Justicia provincial; y desde 2016 es vocal por sus pares en el Tribunal Electoral de Misiones.
Residente desde hace 30 años de la chacra 49 de Posadas, a metros de donde vive su padre, Jorge “Polilla” Giménez (secretario general de la UPCN Misiones), vive con su familia integrada por esposa y dos hijos (Clara y Joaquín).
Una vez que obtenga el Acuerdo parlamentario -decisión que cuenta de antemano con la mayoría necesaria- Carlos Jorge Giménez tendrá la responsabilidad de dirigir el Ministerio Público Fiscal misionero.
El Artículo138 de la Constitución de Misiones establece que “para ser magistrado del Superior Tribunal de Justicia o procurador general se requieren: ser ciudadano nativo o naturalizado con diez años de ejercicio en la ciudadanía, tener título de abogado expedido por universidad nacional o extranjera legalmente admitido por la Nación, treinta años de edad y seis en el ejercicio activo de la profesión de abogado o de la magistratura”.
Entre las principales funciones de la Procuración están intervenir en todas las acciones y recursos de inconstitucionalidad llevados a conocimiento del Superior Tribunal de Justicia; dictaminar en los conflictos de competencia que se susciten entre los Poderes Públicos de la Provincia de los que debe conocer dicho Tribunal; dictamina en las cuestiones que corresponda resolver a dicho Tribunal por vía de superintendencia; deducir de oficio o por denuncia de parte interesada ante quien corresponda, la acción contra el juez negligente; entre otras. (Con información de Vox Populi, Economis y Primera Edición)