Miles de ciudadanos se manifestaron el domingo en Madrid, convocados por la plataforma «Solidarios con Garzón», para dar su apoyo al juez español Baltasar Garzón, quien está siendo juzgado en el Tribunal Supremo por haber abierto una investigación por los crímenes del franquismo.
El magistrado, mundialmente famoso por haber perseguido a violadores de derechos humanos, espera también la sentencia en el primer juicio en su contra por ordenar escuchas telefónicas entre abogados y los principales implicados en la trama de corrupción y lavado de dinero Gürtel, ligada al gobernante y derechista Partido Popular (PP).
Además, el pasado viernes Garzón fue imputado por un delito de cohecho impropio en la tercera causa abierta en su contra en el Supremo por una financiación que supuestamente pidió al Banco Santander y otras entidades y empresas españolas para unos cursos que dictó en Nueva York entre 2005 y 2006.
Algunos sectores de la sociedad española ven una clara intencionalidad política detrás de los juicios contra Garzón, quien se hizo mundialmente famoso por ordenar la detención del fallecido dictador chileno Augusto Pinochet en 1998 y consiguió que se juzgara en España al represor argentino Adolfo Scilingo en 2005.
Destacan que todas las causas están relacionadas con empresarios poderosos, políticos corruptos, y la derecha más reaccionaria, que defiende sus intereses desde las altas esferas del Estado.
Al frente de la protesta estaban los dos líderes sindicales más importantes de España, Cándido Méndez, de UGT, e Ignacio Fernández Toxo, de Comisiones Obreras, así como los diputados de Izquierda Unida (IU), Cayo Lara y Gaspar Llamazares; los socialistas Pedro Zerolo y Soraya Rodríguez; y los actores y actrices Diego Botto -hijo de desaparecidos de la dictadura argentina-, Marisa Paredes, José Sacristán, Aitana Sáncez Gijón y Pilar Bardem.
La marcha, que contó con la participación de Abuelas de Plaza de Mayo, partió al mediodía de la plaza de las Salesas, frente al Tribunal Supremo, y recorrió las calles de Madrid hasta las cercanías del Congreso de los Diputados, concluyó con un prolongado y emotivo aplauso en reconocimiento al magistrado y al grito de «Garzón, amigo, el pueblo está contigo».
«Hay que juzgar al franquismo criminal», «Fuera fascistas del Supremo» o «Tenemos memoria, queremos justicia», eran algunas de las consignas coreadas por los manifestantes.
Cayo Lara aseguró que la sociedad española «no puede callarse ante los que pretenden (en referencia al Supremo) tender un puente de plata a la corrupción en España y quienes quieren poner un muro de silencio ante los crímenes del franquismo».
Por su parte, Ignacio Fernández Toxo sostuvo que «esta es una manifestación por la Memoria histórica y en solidaridad con Garzón, que ha sido el único magistrado que se atrevió a intentar desvelar la verdad de los sucedido durante la represión de la dictadura franquista». «Todo esto tiene algo de linchamiento», añadió.
Toxo afirmó que así como «se reclama a ETA que pida perdón a las víctimas», una reclamación con la que está «de acuerdo», consideró que es intolerable que «nadie haya reclamado a los vestigios de la dictadura que pida perdón por el asalto al régimen democrático».
En tanto, Cándido Méndez remarcó que Garzón intentó un «saneamiento democrático de la sociedad española» y «es lamentable que por ello tenga que rendir cuenta ante los tribunales».
«Es fundamental que se esclarezca la verdad, que es lo que pretendía Garzón, porque hasta que no sea así seguirá habiendo muchas familias españolas que sentirán que la democracia no los reconoce en su integridad», indicó.
Garzón regresará el próximo martes al máximo tribunal para conocer su decisión sobre el pedido de la Fiscalía y su defensa de que se suspenda el juicio en su contra promovido por dos grupos ultraderechistas por su decisión de abrir en 2008 una investigación por los «crímenes de lesa humanidad» cometidos por el franquismo.
Si el juicio oral sigue adelante, tendrá que volver a declarar en el banquillo de los acusados para defenderse de un delito de prevaricato, es decir, dictar a sabiendas una resolución injusta.
Las organizaciones ultraderechistas Manos Limpias y Democracia y Libertad piden para él una pena de 20 años de inhabilitación por haberse declarado competente para investigar más de 160.000 desapariciones forzosas durante la dictadura franquista, en el marco de crímenes internacionales contra la humanidad.
A pesar del apoyo popular con el que cuenta, el abogado que defiende a Garzón en esta causa, Gonzalo Martínez Fresneda, sostuvo en una entrevista con el diario francés Le Figaro que su cliente se encuentra «triste y abrumado» y «no volverá a ser juez en España, incluso si resulta absuelto en todos los procesos».
