El ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Capaccioli, fue procesado sin prisión preventiva por el juez federal Norberto Oyarbide, quien le imputó malversación de caudales públicos en una investigación por la asignación irregular de fondos a obras sociales conexa con la causa denominada la «mafia de los medicamentos».
La acusación refiere a la distribución de casi 48 millones de pesos en favor 52 obras sociales en diciembre de 2007, que aplicaron esos fondos a «la implementación del programa de prevención de enfermedades», según indica la resolución del juez.
Oyarbide consideró arbitrario el criterio usado por Capaccioli para favorece a esas obras sociales por sobre otras asi como el monto que les asignó, por lo que además del procesamiento le dictó un embargo de 500 mil pesos sobre sus bienes.
El ex funcionario quedó imputado «de haber intervenido en su carácter de Titular de la Superintendencia de Servicios de Salud, en la tramitación del expediente nº 118.997/07 en el cual dictó, con fecha 27 de diciembre de 2007, la Resolución 806/7».
«Tal acto administrativo resolvió distribuir a favor de cincuenta y dos (52) Obras Sociales la suma de $ 47.744.950 (cuarenta y siete millones setecientos cuarenta y cuatro mil novencientos cincuenta pesos) para ser aplicados a la implementación de programas de prevención de enfermedades», agrega la resolución.
Señala que «el dictado de tal resolución se encontraría viciado y afectaría a la Administración Pública, en orden a que no existe exposición de motivos que pueda justificar el porqué fueron elegidas esas Obras Sociales por sobre las restantes con que cuenta el sistema de salud», añade el dictamen.
Agrega que tampoco «existe fundamento alguno que de cuenta del criterio utilizado para las diferentes cifras que fueran asignadas a cada una de ellas en particular».
La resolución considera también que se «apreciarían vicios en lo que respecta a la validez misma de la resolución en cuestión, habida cuenta que la reglamentación que rige a la Superintendencia de Servicios de Salud no prevé entre las funciones de dicho organismo la disposición de fondos para ser aplicados a programas preventivos de salud».
Por otra parte, agrega, se le imputó el haber utilizado en el período comprendido entre junio de 2006 a octubre de 2008 fondos de las arcas públicas con un destino diferente al previsto en la reglamentación.
Entre estas irregularidades citó la realización de gastos que fueron afrontados con los fondos existentes en la caja chica de la Superintendencia y que se hayan fuera de las previsiones del «Reglamento para el Funcionamiento de las Cajas Chicas», como ser la existencia de gastos en ropa personal y la adquisición de otros objetos.
Además, Oyarbide procesó sin prisión preventiva a Osvaldo Oscar Cochlar, ex gerente de Gestión Estratégica de la Superintendencia de Servicios de Salud; Fernando José Scopinaro, ex subgerente de Gestión Estratégica, y Horacio Agustín Ballesteros, ex gerente de Asuntos Jurídicos.