El presidente destituido de Paraguay, Fernando Lugo, dijo que el viernes «hubo un quiebre democrático» al efectuarse su destitución tras un juicio político exprés y llamó a profundizar «una resistencia pacífica».
En tanto en la Argentina el Senado y la Cámara de Diputados aprobaron, en sesiones simultáneas, un proyecto de declaración por el cual expresaron el rechazo a la destitución del presidente paraguayo, Fernando Lugo.
Las cámaras celebraron sendas sesiones en las que aprobaron el texto que antes había sido consensuado por las autoridades de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y de Diputados.
El Congreso argentino manifestó su «enérgico rechazo a la situación de ruptura del orden democrático y de la voluntad popular acaecida en la República del Paraguay, por no haberse respetado las garantías del debido proceso y la defensa en juicio del Presidente Constitucional señor Fernando Lugo».
También se manifiesta la «solidaridad con el hermano Pueblo de la República del Paraguay» con el que «nos unen profundos lazos históricos, políticos, económicos, culturales y de amistad».
Asimismo, se expresa de manera «categórica» el «compromiso del Parlamento Argentino en favor de la vigencia y consolidación de la democracia en el Paraguay y en toda la región».
Los legisladores también respaldaron las «acciones llevadas adelante por las autoridades del Mercosur en cumplimiento de lo estipulado en el Protocolo Constitutivo del Parlamento del Mercosur» sobre el «Compromiso Democrático en el Mercosur, la República de Chile y la República de Bolivia, que fueran ratificados por los Congresos Nacionales de todos los países miembros».
Los parlamentarios también resaltaron la «Declaración Presidencial sobre Compromiso Democrático en el Mercosur y de los Cancilleres de la Unión de Naciones Suramericanas para la aplicación mancomunada de las medidas acordadas en el Protocolo Adicional al Tratado Constitutivo de Unasur sobre Compromiso con la Democracia, en la que los Estados Partes asumen la promoción, defensa y protección del orden democrático, del Estado de Derecho y sus instituciones».
El Congreso solicita a los presidentes de Sudamérica que «en la Reunión Cumbre del Mercosur a realizarse el 29 de junio de 2012 en la provincia de Mendoza, República Argentina, se adopten las medidas que estimen adecuadas, tendientes a favorecer la vigencia de las cláusulas de compromiso democrático del Mercosur, Unasur y OEA».
Finalmente, se expresa la decisión de «promover en el seno del Parlamento del Mercosur, a través de la Delegación Argentina de Parlamentarios, el urgente tratamiento de la crítica situación político-institucional existente en la República del Paraguay».
El Senado aprobó la Declaración sin debate y en un trámite que no llevó más de seis minutos, con 41 senadores presentes y ante la presencia del legislador paraguayo Sixto Pereira, del Partido Tekojoja.
Diputados, en tanto, demandó diez minutos debido a que luego de que el titular de la Cámara, Julián Domínguez, abriera la sesión con 147 diputados presentes, se cantó el himno nacional.
Inmediatamente después, el presidente de la comisión de Relaciones Exteriores, Guillermo Carmona (Frente para la Victoria-Mendoza) leyó el texto avalado por la totalidad de los legisladores presentes.
En Paraguay Lugo aseguró que el golpe institucional al que se lo sometió estuvo dirigido contra sus políticas «de inclusión social y de defensa de la soberanía», y se mostró dispuesto a reasumir el cargo.
«Este golpe no estuvo dirigido contra Fernando Lugo sino contra nuestra política, porque muchos intereses se sintieron alcanzados por nuestra política de preferencia por los más marginados en los últimos 60, 70 años», aseveró el ex mandatario en diálogo con radio Continental.
Ante una consulta, se mostró dispuesto a reasumir el poder, pero no por una aspiración personal sino para que se reconstruya «la institucionalidad democrática» en el país.
Lugo fue destituido de la presidencia paraguaya el viernes último y reemplazado por su hasta entonces vicepresidente, Federico Franco, al cabo de un veloz juicio político en el que no contó con las garantías mínimas de defensa, instancia que fue calificada como un golpe institucional por los países de la región.
El ex obispo católico confirmó además su intención de asistir el próximo viernes a la cumbre de mandatarios del Mercosur que se hará en Mendoza para «explicar lo que ha ocurrido el (pasado) viernes negro» en su país.
«Cristina (Fernández de Kirchner) no ha invitado a la cumbre del Mercosur a este gobierno que se ha instalado» en Paraguay, aclaró, para marcar la diferencia con la invitación que sí se le formuló a él a pesar de haber sido alejado de la presidencia.
Uno de los cargos que motorizó el juicio político express fue el tiroteo ocurrido el 15 de este mes en el desalojo de una hacienda ocupada ilegalmente, en la que once campesinos y seis policías murieron.
Lugo dijo hoy a la radio porteña que «la principal hipótesis indica que los policías fueron alcanzados por balas de francotiradores, ya que los campesinos no tienen el entrenamiento necesario como para disparar a la cabeza o al corazón», como ocurrió con los uniformados muertos.
También recordó que durante su mandato, que concluía a mediados del año que viene, hubo otros 23 intentos de juicio político en su contra que no prosperaron por desacuerdos en la oposición, y afirmó que en este caso el polémico proceso contó con el apoyo de los colorados, los liberales, los oviedistas y el partido Patria Querida.
Luego de que se concretara la destitución, el viernes último, Lugo dio una declaración en la que aceptaba -pero con críticas- la decisión del Congreso, y pidió que los reclamos se hagan en forma pacífica, para evitar derramamiento de sangre.
«La resistencia ya comenzó, y lamentablemente la violencia y la intolerancia pueden instalarse en el país», admitió el lunes.
Confirmó que está decidido a presentarse como candidato a senador en las elecciones de 2013, ya que su intención es «seguir acompañando a este pueblo» e impulsar medidas tendientes a «achicar la inequidad» que existe en un país en el que 2,5 por ciento de la población es dueña del 85 por ciento de las tierras, según refirió el propio Lugo.