Los documentos digitales que se utilicen en el ámbito parlamentario tendrán la misma validez jurídica que los firmados en papel. Se trata de una nueva instancia de la estrategia de innovación tecnológica dispuesta por Carlos Rovira, desde el inicio de su gestión como presidente de la Cámara de Representantes. Para conformarse como autoridad de registro, la Legislatura provincial debió cumplir todos los requisitos exigidos, que incluyeron la capacitación y evaluación del personal, entre otros puntos.
La certificación lograda implica que la Cámara de Representantes de Misiones es representante de la Oficina Nacional de Tecnologías de la Información (ONTI) en el ámbito provincial, para la solicitud y provisión de certificados de firma digital a los diputados y agentes que, para el desarrollo de sus funciones dentro del ámbito del Poder Legislativo, requieran su firma digital.
Esta reingeniería de los procesos parlamentarios impulsada por Rovira apuntó, mediante la informatización, a la provisión de información confiable para generar legislación estratégica de calidad, y a la socialización de la actividad parlamentaria a través de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones.
Otro objetivo fue la optimización en el uso del papel, para lo cual se buscó una forma de lograr que las documentaciones electrónicas firmadas digitalmente tengan la misma validez jurídica que las firmadas de puño y letra. En este sentido, la firma digital permite asegurar el origen de un documento, verificar que su contenido no haya sido adulterado y evitar que la persona que lo firma digitalmente pueda negar su intervención.
La infraestructura de firma digital está establecida en la ley nacional 25.506, a la cual Misiones se adhirió mediante la ley provincial II – Nº 20. La autoridad de aplicación en el país es la Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras que la ONTI es la autoridad certificante.
La infraestructura de firma digital está establecida en la ley nacional 25.506, a la cual Misiones se adhirió mediante la ley provincial II – Nº 20. La autoridad de aplicación en el país es la Jefatura de Gabinete de Ministros, mientras que la ONTI es la autoridad certificante.